El Gobernador Gabino Cué gestiona mezcla de recursos para la edificación de 23 centros de justicia que en su conjunto requerirán 700 millones de pesos.
En 2015 iniciará la edificación de 10 centros de justicia –en una primera etapa- los cuales albergarán juzgados orales, defensorías públicas y fiscalías de la Procuraduría General de Justicia, así como elementos de esa dependencia.
Oaxaca es una entidad pionera y referente nacional en el proceso de implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, mejor conocido como juicios orales, lo que coloca al estado a la vanguardia en la adopción de este esquema de justicia restaurativa que ya opera en cuatro de las ocho regiones de la entidad, señaló el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, al participar en la reunión con la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la SEGOB, a quien expuso que en la entidad se requiere un monto de 700 millones de pesos para la construcción de 23 Centros de Justicia, que se requieren para lograr la adopción total de este modelo de procuración de justicia.
El sistema de juicios orales fortalece el debido proceso penal, toda vez que garantiza la transparencia del juicio con pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal, además de tener como premisa principal la presunción de inocencia del inculpado hasta que se demuestre lo contrario. De tal modo, que en una sola audiencia y sin interrupciones, la administración de justicia se imparte de manera pronta y expedita.
Durante la reunión la Doctora Fromow Rangel, reconoció el papel de las instituciones de Oaxaca, toda vez que a nivel nacional se ha posicionado como punta de lanza en materia de la implementación del nuevo modelo de justicia por ello el gran reto -dijo- es armonizar el sistema de justicia penal a todas las leyes nacionales en materia de proceso penal y con ello, se estará dando cumplimiento a la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este tenor, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo declaró que Oaxaca vive un momento histórico, toda vez que la administración a su cargo realiza acciones determinantes para apuntalar la vigencia del Estado de Derecho, donde las garantías de todos y todas sean respetadas a cabalidad, por ello se impulsa y se consolida este nuevo innovador sistema de justicia penal.
Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, informó que actualmente hay 15 salas de audiencia equipadas en la entidad, las cuales se ubican en predios arrendados, por que se requiere contar con infraestructura propia y adecuada para garantizar la seguridad de las y los involucrados en las audiencias.
El magistrado estimó que es necesario contar con al menos 59 salas para operar el sistema de justicia acusatorio de manera óptima, las cuales albergarán a los juzgados orales, defensorías públicas y fiscalías de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y personal de esta dependencia.
Las regiones donde se ha llevado a cabo la implementación de esta justicia son: la Costa, el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan; en tanto, que en breve se iniciará en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Norte, así como la Cañada, previendo que en 2016 se concluya en toda la entidad.
Fromow Rangel, resaltó que el proceso transformador del sistema jurídico penal en México inició con la reforma Constitucional de 2008 y representó el punto de partida de una de las reformas estructurales y sistemáticas de más amplio espectro en materia de seguridad y justicia.
En su oportunidad, el Licenciado Jahaziel Reyes Loaeza, Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en Oaxaca, destacó que en breve se iniciará con la construcción de 10 centros de justica, toda vez que antes del 5 de septiembre la Federación dictaminará los proyectos que presentó el Gobierno de Oaxaca para contar con los recursos correspondientes.
Lo anterior permitirá impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal; promover la participación de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales para continuar y concluir la implementación el Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, y difundir entre la ciudadanía los beneficios del Sistema de Justicia mediante un programa transversal.