GUSTAVO A. DE HOYOS WALTHERPresidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estimado Gustavo: Como abogado y servidor público, me queda claro que la función esencial del Estado es la de proveer un orden básico que proteja la vida y la propiedad de las personas. Y cuando digo vida me refiero no sólo a la integridad física de cada individuo sino al conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que lo protegen; por propiedad me refiero a todo lo que implica el patrimonio de las personas y de las comunidades que ellas forman.
Estoy convencido de que México debe contar con un Estado capaz de proteger a la gente del crimen y de los delincuentes, quienes han podido fortalecerse gracias a su sofisticación para operar nuevas actividades ilícitas, usar tecnologías de punta y desarrollar nuevos canales para su financiamiento. En México, el crimen ha rebasado al Estado y eso nos exige hoy dar todo para aventajar a la delincuencia, pararla en seco y devolver a la gente la paz y la tranquilidad.
Requerimos, en efecto, de una reingeniería en la estrategia del gobierno federal para enfrentar con éxito al crimen y a los criminales; una reingeniería que habrá de ser también institucional para resultar eficaz.
La función de proveer de seguridad plena a los mexicanos es la que debe garantizarse, y eso lo vamos a lograr fortaleciendo las instituciones y separando las funciones de seguridad de la Secretaría de Gobernación.
Como economista tampoco tengo duda de que una seguridad y una justicia plenas son ingredientes esenciales del crecimiento económico y el desarrollo que anhelamos como nación. Ambas forman una dupla que es condición necesaria de las inversiones, la confianza, el consumo, los empleos y el bienestar al que aspiramos.
Necesitamos entonces, para asegurar nuestro desarrollo como sociedad y como economía, una estrategia que involucre a los tres órdenes de gobierno, que fortalezca la cooperación y la capacidad gubernamental a nivel local, estatal y federal de detener y enfrentar con éxito a la delincuencia.
Mi propuesta es doble: en primer lugar, dar nuevas oportunidades a quien nunca las ha tenido para demostrarle que, con estudios y trabajo, es posible salir adelante. En segundo lugar, poner todo el peso de la ley sobre los delincuentes para que no puedan escapar de la justicia.
Esto quiere decir que mi gobierno atenderá las causas sociales de la delincuencia común, como la desigualdad y la falta de oportunidades.
Si cada uno de los mexicanos tiene acceso a salud, educación, recreación y deporte, a oportunidades para ganarse la vida de manera honrada con empleos bien pagados y de calidad, nadie tendrá necesidad de delinquir.
También quiere decir que, quien lo haga y opte por vivir al margen de la ley, sepa que será perseguido y castigado. No habrá ya impunidad.
En mi gobierno no habrá tregua, amnistía o perdón para los criminales; los mexicanos tendrán un modo honesto de vivir y estar al margen de la ley conllevará muchos riesgos y muy altos costos.
Mis compromisos para lograr un México con seguridad y justicia son siete.
El primero es recuperar los espacios públicos para fomentar la convivencia ciudadana. Con alumbrado suficiente, con más y mejores cámaras de seguridad, con seguridad en el transporte y con más parques en nuestras ciudades –al menos un parque en cada colonia–, siempre bien vigilados, vamos a fortalecer la seguridad y la convivencia.
El segundo compromiso es evitar que el dinero y las armas lleguen a manos de la delincuencia para que el crimen no tenga acceso a medios con qué atacar a la sociedad. Ello implicará cambios y mejoras en nuestras aduanas para evitar el ingreso y la proliferación de armas en territorio nacional, cambios y mejoras en nuestras leyes con los que se podrán congelar y requisar cuentas y fondos del crimen, y también recuperar de la delincuencia y la corrupción los bienes mal habidos y que
no puedan usarlos o esconderlos tras prestanombres.
Mi tercer compromiso es impulsar un código penal nacional; igual castigo para quien cometa el mismo crimen, sobre todo en el caso de los crímenes que más lastiman a la sociedad. La finalidad es lograr que lo que hoy impera –códigos penales diferentes, con castigos no siempre iguales entre un estado y otro– no pueda beneficiar a los criminales. Con un código penal nacional será más fácil investigar los delitos, perseguir y procesar a los delincuentes y lograr que sean justamente sentencia dos.
El cuarto compromiso es crear una policía eficaz, con oficiales entrenados, protegidos, bien pagados y de los cuales podamos sentirnos orgullosos. Para exigir protección, debemos brindarla. Debemos formar policías en los cuales los ciudadanos podamos confiar. Apoyaremos a los policías con sueldos y prestaciones sociales de modo que puedan tener
una vida honrada y honorable.
El quinto compromiso es investigar los delitos con inteligencia y métodos modernos y eficaces que nos permitan atrapar a los delincuentes, llevarlos a juicio y acabar con la impunidad. Aprovechando la tecnología, instauraremos la denuncia digital en todos los ministerios públicos para facilitar que los delitos sean reportados e investigados.
Brindaremos capacitación y autonomía a los investigadores estableciendo procedimientos y evaluaciones para tener investigaciones de calidad.
Daremos plena autonomía a las agencias de investigación y a los peritos para que las pruebas y los testimonios sean manejados adecuadamente, con protocolos estrictos y acorde con las formas de hacerlo en países
líderes.
Mi sexto compromiso es establecer un Sistema Integral de Identificación que evite que los criminales puedan esconderse. Hoy no tenemos un registro de vehículos, un registro de teléfonos y tampoco un registro de personas. Crearemos un sistema integral que permita identificar a los criminales, sus bienes y movimientos, sus formas de operar. Sabremos quiénes y cómo delinquen para asegurarnos de que se haga justicia en cada caso.
Y, por último, mi séptimo compromiso será brindar una atención integral a las víctimas; que tengan tanto atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social como en el acceso a protección y refugios. Vamos a aplicar la ley y a garantizar a las víctimas sus derechos a la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la debida diligencia.
Seguridad es lo que México reclama. Y seguridad plena, total, es lo que ofrezco garantizar como Presidente a través de un Estado fuerte, capaz, sin impunidad, consciente de su responsabilidad para proteger la vida y la propiedad de los mexicanos y que cuente con los recursos técnicos, humanos e institucionales para ello.
Le envío un cordial saludo. José Antonio Meade Kuribreña.
