Facilita Gobierno capitalino intercambio mercantil e iniciativa inversión privada

destacó que se busca erradicar prácticas de corrupción e incentivar las actividades comerciales

Con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social y Mercantil la Agencia de Innovación Pública pondrá en marcha una plataforma para que los comercios se registren voluntariamente

La Jefa de Gobierno destacó que se busca erradicar prácticas de corrupción e incentivar las actividades comerciales

Con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social y Mercantil, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), pondrá en funcionamiento la Plataforma Digital del Padrón de Cumplimiento Responsable, para que los establecimientos de bajo impacto se registren de manera voluntaria y de esa manera se facilite su operación e incentive la inversión privada.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que con esta ley se busca erradicar prácticas de corrupción e incentivar las actividades comerciales de los establecimientos mercantiles como papelerías, tlapalerías, tiendas de abarrotes, entre otras.

“Estamos poniendo la carga de cumplir con la ley en el ciudadano, no en la verificación permanente del Gobierno, ese es el fondo de la Ley de Responsabilidad Social. Queremos que todos cumplan con la ley, pero no a través de una verificación permanente sino de una responsabilidad social”, expresó.

Sheinbaum Pardo informó que estas acciones se suman a la nueva plataforma del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), que permite a las personas realizar de forma gratuita el registro de un establecimiento de bajo impacto en sólo 10 minutos.

En la intervención del titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, comentó que el registro de comercios es de manera voluntaria y quienes cumplan con este proceso eliminan inspecciones, a excepción de las relacionadas con temas de Protección Civil.

“Esto elimina fricciones, elimina espacios de corrupción, elimina espacios de arbitrariedad por parte de autoridades y finalmente… eso no implica, que es importante decirlo, que el Gobierno renuncia a su tarea regulatoria”, explicó.

De acuerdo con Peña Merino, se realizará una inspección del 3 por ciento de establecimientos registrados en este padrón, quienes logren cumplir con todo lo que marca la ley se les será entregado un reconocimiento de confianza; los comercios que incumplan al ser revisados tendrán sanciones ya establecidas en la ley.

El director general de Centro de Inteligencia de la ADIP, Eduardo Clark García Dobarganes, indicó que el Sistema de Información y Apertura de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) tiene al día de hoy registrados alrededor de 161 mil establecimientos mercantiles de bajo impacto.

“Lo que queremos hacer es que haya muchos más establecimientos que cumplen con las características de establecimientos mercantiles de bajo impacto, que se sumen al SIAPEM y que se sumen al padrón. Esto hará que evidentemente vaya subiendo el número de establecimientos que ir a verificar”, agregó.

Por su parte, la directora general del Centro de Normatividad de la ADIP, Norma Solano Rodríguez, anunció que la plataforma para que los establecimientos comiencen a registrarse estará disponible en dos meses.

El Gobierno de la Ciudad de México apoyará a todos los establecimientos que de manera voluntaria registren su comercio para poder regularizarse en los trámites que tengan pendientes.

“El procedimiento de insaculación va a ser público, va a estar la Contraloría ciudadana, las autoridades competentes, las alcaldías y además a través de la propia plataforma se va a poder hacer una mejor coordinación de autoridades; tanto alcaldía como INVEA, van a poder coordinarse”, explicó Solano Rodríguez.

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en un convenio con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), para interoperar la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y la Ley de Responsabilidad Social y Mercantil, para evitar duplicidades y redundancias en las verificaciones a establecimientos mercantiles.

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