MAYOR CERCANÍA CON LA SOCIEDAD, COMPROMISO DEL PJE: MAGISTRADA VILLANUEVA ABRAJÁN

“Foro Internacional para una Justicia Abierta

CIUDAD DE MÉXICO.- Al participar en el “Foro Internacional para una Justicia Abierta, Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad”, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada María Eugenia Villanueva Abraján enfatizó el compromiso de la institución encargada de impartir justicia de fortalecer mejores prácticas y una mayor cercanía con la sociedad, principalmente con las personas indígenas, al ser la entidad una de las de mayor diversidad étnica.

“Una administración de justicia basada en principios de transparencia, participación y colaboración, en diálogo con la ciudadanía, sin duda brindará una justicia más accesible, más efectiva, más transparente, abierta, cercana a las personas, pero sobre todo a sus necesidades actuales”, manifestó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

El encuentro que se realizó durante dos días y fue organizado en conjunto por EQUIS Justicia para las Mujeres, México Evalúa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y el Poder Judicial de la Ciudad de México, tuvo como objetivo el intercambio de perspectivas novedosas bajo el enfoque de justicia abierta, en condiciones de máxima transparencia y rendición de cuentas.

En su intervención ante los representantes de organizaciones no gubernamentales, poderes judiciales y organismos autónomos, la magistrada Villanueva Abraján puntualizó que las reformas a la Constitución local del año 2012 colocaron al Poder Judicial de Oaxaca en la ruta del respeto a los derechos humanos, desde la perspectiva del Control Difuso de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad.

Esa vertiente de la interpretación de la ley nos llevó a incorporar en la actividad administrativa y jurisdiccional la perspectiva de derechos humanos, de género y la transparencia en cada una de las resoluciones, de las cuales siete mil versiones públicas se encuentran disponibles en la página web institucional y que para facilitar su localización se implementó un buscador, lo que fue calificado como una buena práctica por la sociedad civil, detalló.

En el foro realizado en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se refirió a los mecanismos de participación ciudadana que se han implementado en la institución para el mejoramiento de la administración de justicia, la magistrada Villanueva Abraján mencionó que en una suma de esfuerzos en las giras regionales de capacitación se incluyó la participación del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) y Equis Justicia para las Mujeres a manera de sensibilizar a las y los juzgadores y reconstruir la confianza ciudadana.

SE PREPARA PJE PARA EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL

Semana de la Justicia en materia laboral

A través de la Escuela Judicial se realizará del 26 al 29 de noviembre la Semana de la Justicia en materia laboral. Ante los cambios que establece la Reforma Laboral y que implica una nueva forma de impartición de justicia en este rubro con el establecimiento de juzgados especializados en las regiones de la entidad, el Poder Judicial del Estado realizará del 26 al 29 de noviembre próximo, la “Semana de Justicia Laboral” dirigida a magistrados, jueces, abogados del foro, estudiantes de derecho y servidores públicos involucrados en el tema.

En la prioridad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Eugenia Villanueva Abraján, de formar servidoras y servidores públicos que operen esta materia derivada de las modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, se iniciarán actividades para el cumplimiento de las obligaciones que establece en lo que corresponde a capacitación, así como de equipamiento e infraestructura.

A través de la Escuela Judicial se desarrollarán conferencias magistrales y mesas redondas con destacados especialistas quienes abordarán aspectos como la implementación, los retos, oportunidades y efectos de dicha reformas.

Al respecto, el director de la Escuela Judicial, maestro Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, informó que entre los ponentes invitados a la “Semana de Justicia Laboral” se encuentran el magistrado Héctor Arturo Mercado López, integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Consejero de la Judicatura del Estado de México.

Asimismo, el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal y el doctor Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez, ex rector de Escuela Libre de Derecho.

La Reforma Laboral, publicada el pasado 1 de mayo, establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, el cual implementará tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia.

El nuevo sistema de justicia laboral plantea que, antes de asistir ante un tribunal laboral, trabajadores y patrones tendrán que acudir a un centro de conciliación, por lo que sólo en caso de no llegar a un acuerdo podrán iniciar un juicio, el cual se desahogará en dos audiencias con plazos mucho más breves que los actuales.

Esta reforma será un parteaguas en los procedimientos laborales y con su implementación se busca la mejora constante de la impartición de justicia a favor de los ciudadanos trabajadores o empleados, respetando en el mismo nivel los derechos de ambos.

Las actividades, que se desarrollarán en la sede del PJE, en Ciudad Judicial, tienen como objetivo sensibilizar, vincular y coadyuvar en el proceso de actualización y capacitación de los servidores públicos de la institución, abogados, sector académico, estudiantes y todo aquel interesado en el conocimiento de la reforma constitucional de 2017 y de la legislación secundaria en materia de justicia laboral de 2019.

FORTALECE PJE ATENCIÓN DE ASUNTOS FAMILIARES CON DOS NUEVOS JUZGADOS

En atención a una de las demandas más sentidas de la sociedad

Por acuerdo 48/2019 del Pleno de la Judicatura, el pasado cuatro de noviembre, dos juzgados civiles del Distrito Judicial del Centro, cambiaron su denominación a familiares

En atención a una de las demandas más sentidas de la sociedad y con la finalidad de disminuir el tiempo de resolución de los asuntos en derecho familiar, el Poder Judicial del Estado, que preside la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, cuenta con dos nuevos juzgados en esta materia en el Distrito Judicial del Centro.

Al ser estos organismos jurisdiccionales de los más requeridos y con un mayor número de asuntos en trámite, desde el pasado cuatro de noviembre, por acuerdo general 48/2019 del Consejo de la Judicatura, procedió el cambio de denominación y competencia de dos juzgados civiles que ahora atenderán controversias que principalmente involucran a mujeres, niñas y niños.

De esta manera, el Juzgado Sexto Civil cambió a Juzgado Séptimo Familiar y el Juzgado Séptimo Civil a Octavo Familiar, ambos del Distrito Judicial del Centro, por lo cual de manera progresiva recibirán asuntos en la materia, como son los juicios de alimentos, divorcio, custodia y patria potestad, entre otros, a la par que concluyen aquellos expedientes civiles que se encuentran pendientes.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Planeación e Informática, durante el año 2018 la institución encargada de impartir justicia dio atención, tan solo en el tema de divorcio, a tres mil 731 casos en toda la entidad; en tanto que de enero a mayo de 2019, sumaron aproximadamente 700 los expedientes iniciados por la solicitud de disolución de matrimonios.

La jueza Séptimo de lo Familiar y de conclusión de expedientes del Sexto Civil, Jessica Maribel Arango Bravo apuntó que el cambio será paulatino, puesto que cada día reciben un promedio de tres asuntos familiares, situación que implica un reto y transformación en la forma de abordar los temas.

En materia civil es más intereses económicos, patrimoniales y en materia familiar son afectaciones personales, psicológicas, emocionales; el reto es muy grande porque demanda contar con conocimientos en la materia, pero también ser sensibles a esos temas”, expresó.

El Consejo de la Judicatura acordó el cambio de denominación con base en el número de demandas recibidas de enero a agosto de este año en los juzgados civiles y familiares, ya que cada juzgado civil atendió en promedio 250 asuntos, en tanto que uno en materia familiar admitía 580.

En este sentido, la jueza Arango Bravo consideró que esta transición permitirá que las y los justiciables tengan una solución en menor tiempo; además de que el Poder Judicial reitera su compromiso de velar por la protección y garantía de los derechos humanos de quienes integran el principal núcleo social, la familia. -0-

. CUENTA PJE CON PADRÓN DE 413 TRADUCTORES EN LENGUAS INDÍGENAS

un padrón de 413 traductores e intérpretes en lenguas indígenas

Garantizar la práctica y el pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes de comunidades indígenas así como de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es una de las prioridades en la administración de la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, titular del Poder Judicial del Estado, por lo que se procura que durante el desarrollo de un proceso judicial, quienes no hablan español sean asistidos por una persona que conozca su lengua y cultura.

En apoyo a esta tarea, la Dirección de Periciales, cuenta con un padrón de 413 traductores e intérpretes en diversas lenguas indígenas y con 20 peritos en diferentes materias adscritos al Consejo de la Judicatura, quienes atienden las solicitudes que los juzgados del estado requieren, informó el responsable del área, Licenciado Roberto López Sánchez.

“La figura del intérprete es muy importante porque con ello se garantiza el derecho de los pueblos indígenas, se garantiza que una persona miembro de una comunidad tenga un debido proceso y la oportunidad de entender el proceso que se le está instruyendo, así como de defenderse”, apuntó.

Señaló que la Dirección de Periciales diariamente recibe un promedio de 10 a 20 solicitudes de traductores o intérpretes para los diferentes juzgados del estado, siendo las regiones con mayor demanda el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan.

El Licenciado Roberto López Sánchez indicó que se encuentra en proceso de integración la lista de especialistas autorizados que fungirán como peritos externos con la finalidad de contar con profesionistas y personal capacitado para elaborar dictámenes en ramas de la ciencia, técnica, artes y oficios, -materias excepcionalmente requeridas- que colaboren con el análisis de pruebas y con esto brinden a las y los juzgadores las herramientas necesarias para dictar una sentencia.

Actualmente, en el Poder Judicial del Estado laboran peritos en psicología, contabilidad, psiquiatría, documentoscopía, avaluó de bienes y en el aspecto médico, especialidades que son las más solicitadas por los juzgados de la entidad, explicó.

En otro tema, el Director de Periciales mencionó que entre los logros más importantes de este año, derivado de la preocupación de la Magistrada Presidenta y de la firme convicción que tiene por atender las necesidades en materia familiar, se firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado, por lo que las pruebas de ADN son gratuitas para las partes involucradas en los casos de reconocimiento de paternidad.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado mantiene acciones para garantizar a los y las justiciables contar con certeza y garantía de sus derechos humanos en la resolución de sus asuntos judiciales.

Unifica PJE criterios con instituciones en la implementación del juez de ejecución penal.

“Ley Nacional de Ejecución Penal y Sistema Adversarial de Solución de Controversia”

Escuela Judicial imparte el Curso Taller “Ley Nacional de Ejecución Penal y Sistema Adversarial de Solución de Controversia”, dirigido a personal de diferentes dependencias

A partir de junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), con la cual se dio un cambio transcendental del Juez de Ejecución de Sanciones al Juez de Ejecución Penal, transformación que el Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, adopta con el Acuerdo 44/2019 del Consejo de la Judicatura, el cual establece modificaciones en la distribución de jueces y atención a las personas privadas de la libertad.

Para homologar criterios y unir esfuerzos con las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia así como de seguridad, a través de la Escuela Judicial se realizó el Curso Taller “Ley Nacional de Ejecución Penal y Sistema Adversarial de Solución de Controversia”, impartido por el juez Luis Raúl Hernández Avendaño y dirigido a personal de Unidad de Medidas Cautelares, Dirección de Reinserción Social y Defensoría Pública del Estado de Oaxaca.

Al dar la bienvenida a nombre de la titular del Poder Judicial, la magistrada Sonia Luz Ireta Jiménez, integrante de la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Acusatorio, invitó a las y los asistentes a actualizarse sobre estos cambios, porque de ello viene la transformación de los procedimientos para la mejora continua en sus funciones que reditúe en una óptima impartición y procuración de justicia.

Con base al acuerdo 44/2019, publicado el ocho de agosto, a partir del seis de noviembre próximo se realizará la redistribución de los jueces de Ejecución Penal, por lo cual se ubicarán cercanos a los centros de reclusión y velarán por los derechos de las personas privadas de la libertad sin importar si su proceso es del sistema escrito u oral, así como el lugar donde fue sentenciado.

Por su parte, al impartir el taller, el juez Luis Raúl Hernández Avendaño comentó a las y los participantes que en un plazo de 180 días deberán cerrar los juzgados de Ejecución de Sanciones y comenzará el funcionamiento de los de Ejecución Penal, situación que depende del posible cierre de reclusorios en diversas zonas del estado.

De esta manera, se contemplan cinco Jueces de Ejecución Penal con Jurisdicción en Ixcotel, que se harán cargo de los centros penitenciarios de Etla, Ixcotel, Tanivet Varonil y Cuicatlán, así como los liberados de Valles Centrales, Mixteca y Cañada.

En Miahuatlán se ubicarán dos jueces, responsables de los reclusorios de Ejutla, Sola de Vega y Miahuatlán, así como los liberados de Putla y la Sierra Sur; en Tehuantepec será un juez con jurisdicción en esa localidad, así como los liberados de Matías Romero, Juchitán y Salina Cruz.

En tanto, el Juez de Ejecución Penal con Jurisdicción en Puerto Escondido, atenderá el reclusorio Juquila y Pochutla, así como los liberados de Pochutla, Pinotepa y el mismo Puerto Escondido; en tanto la Jurisdicción de Tuxtepec únicamente se centrará en esa zona.

En su intervención, el director de la Escuela Judicial, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, dijo que la consolidación del acuerdo y el curso es parte de un trabajo coordinado entre las diversas instituciones involucradas en la seguridad, procuración e impartición de justicia.

Con la implementación del Juez de Ejecución Penal, figura marcada por la Ley Nacional en la materia, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de generar acciones a favor de la equidad y el respeto de los derechos humanos, en especial, de quienes por alguna razón se encuentran privados de su libertad y en situación de vulnerabilidad.

Trabaja PJE en prevención del delito de trata de personas.

“Trata de personas, una visión desde los Derechos Humanos”

El director de Derechos Humanos de la Judicatura, Juan Manuel Sánchez y Moreno, impartió la conferencia “Trata de personas, una visión desde los Derechos Humanos”

La trata de personas es un fenómeno delictivo que involucra un conjunto de abusos, malos tratos, tortura y otra clase de ofensas que trastocan la dignidad humana, por lo cual el Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, tiene el compromiso de generar y respaldar acciones que permitan prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.

En este sentido, el director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, Juan Manuel Sánchez y Moreno, impartió la conferencia “Trata de personas, una visión desde los Derechos Humanos”, en el auditorio de la Universidad del Istmo campus Ixtepec, a invitación de la Delegación Oaxaca del Instituto Nacional de Migración (INM).

Apuntó que con base en datos del Índice Mundial de Esclavitud 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que durante 2017, más de 40 millones de personas fueron víctimas a nivel mundial, de las cuales 71 por ciento fueron mujeres y 29 por ciento hombres.

Sánchez y Moreno indicó que según el informe elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial con datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el año 2017, se dictaron un total de 22 sentencias federales por ese delito, de las cuales siete son firmes y 15 presentan algún tipo de recurso. En el caso de Oaxaca existe sólo una sentencia firme.

“Los derechos humanos que se ven afectados por la trata de personas son aquellos que involucran y lastiman la dignidad de la persona, su libertad, integridad, seguridad personal, intimidad y el libre desarrollo de la personalidad”, expresó el encargado de la Dirección de Derechos Humanos del órgano judicial.

Puntualizó que, con base en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, la explotación de una persona es aquella que se relaciona con la esclavitud, la explotación sexual o laboral, el trabajo forzado, mendicidad forzosa o su utilización para actividades delictivas.

Dependiendo de la modalidad del delito de trata de personas, la ley estatal señala que una sanción puede ir de los cinco a los 30 años de prisión y una multa de mil a 50 mil días de salario mínimo vigente, así como la aplicación de la prisión preventiva.

El director de Derechos Humanos, Sánchez y Moreno impartió la conferencia a estudiantes, autoridades municipales, servidores públicos estatales, personal del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con datos estadísticos de la Dirección de Planeación del Consejo de la Judicatura, en el primer semestre del año se judicializaron en Oaxaca 207 casos por el delito de trata de personas. Con este tipo de acciones, donde trabaja de manera conjunta el Poder Judicial del Estado con otras instituciones para prevenir acciones delictivas que afectan a la sociedad, la institución fortalece su actuar en apoyo a los grupos en situación vulnerable.