El Magistrado Presidente de la Sala Superior subrayó que el objetivo de esta instancia es proporcionar un debido proceso a los individuos, comunidades y autoridades indígenasLa Defensoría Pública Electoral reconoce la necesidad de eliminar obstáculos para las comunidades indígenas, dijo Janine M. Otálora
Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que con la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, las Magistradas y Magistrados del TEPJF dieron respuesta al déficit que el Estado Mexicano tenía de frente al artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes) y al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para brindar una defensa adecuada, profesional y gratuita a los miembros y a las comunidades indígenas de todo el país.
Durante la presentación de la Defensoría Pública Electoral, Carrasco Daza expuso que durante los últimos 10 años, el Tribunal Electoral ha resuelto 2 mil 434 asuntos relacionados con la protección de los derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, sin que éstas tuvieran asegurado el derecho a una defensa adecuada y con ello, todas las garantías que demandan el debido proceso y el acceso a la jurisdicción del Estado. Esto, entre otras razones, motivó la creación de la Defensoría.
En el evento realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el Magistrado Presidente refirió que es impostergable que los derechos de las mujeres indígenas de votar y ser votadas a cargos de elección popular sean defendidas por profesionistas del derecho con excelencia profesional, sensibilidad indígena y compromiso social.
Afirmó que se trata de un peldaño relevante en el desarrollo institucional de nuestro orden jurídico nacional que permitirá cumplir con la reivindicación democrática de las comunidades y los pueblos indígenas y contribuirá a la equidad en los procesos electorales
El magistrado Carrasco Daza destacó que se tomó la decisión de hacer la presentación de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas en Oaxaca porque de los 570 municipios que componen el Estado, 417 se rigen por sistemas normativos internos y más de la mitad de la población se auto adscribe indígena.
La Defensoría Pública Electoral, dirigida por la Dra. Janine Otálora Malassis, se compondrá de 5 defensores que fueron electos a partir de un proceso de selección, al que se registraron mil 273 personas,
de las cuales se recibió la documentación completa de 357 participantes, quienes fueron calificados por un Comité Evaluador encabezado por el juez interamericano, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
La Defensoría colocará a la vanguardia el ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades
Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, indicó que poner en marcha la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas es benéfica no sólo para las comunidades, sino para la sociedad en general, “ya que nos alimentaremos de la riqueza y conocimiento de los pueblos, ya que las comunidades han dado muestras a nivel nacional e internacional de toda la riqueza cultural que se tiene”.
El magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez, presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca, destacó la labor de la Sala Superior y de la Sala Regional Xalapa del TEPJF en la instauración de nuevos criterios en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. “Se han considerado las condiciones de desigualdad o desventaja y se ha garantizado la tutela judicial electoral”.
Adelfo Regino Montes, encargado de los Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, indicó que la Defensoría será ejemplo de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. “Será la institución que llevará a la vanguardia el ejercicio y el respeto de los derechos de las comunidades, en particular de los derechos políticos-electorales en el contexto nacional”.
Por su parte, Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mencionó que la Defensoría materializa la pieza clave para maximizar los derechos para pueblos y comunidades indígenas, “ya que el camino a seguir para llegar a la adecuada protección indígena es fortalecer las instituciones y que haya coordinación entre las mismas”.
La Defensoría reconoce la necesidad de eliminar obstáculos para las comunidades indígenas
En su oportunidad, Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, expuso que en los últimos años, el TEPJF, a través de sus sentencias y jurisprudencias ha favorecido el acceso a la justicia a estas comunidades y pueblos, por lo que hacía falta un elemento esencial y que consistía en la creación de la Defensoría.
“Uno de los aspectos más sensibles de la actividad de la Defensoría es la necesidad de paliar situaciones de desventaja económica y geográfica y la consiguiente obligación de acrecentar la condición de servicios de asistencia jurídica gratuita en materia electoral. En consecuencia, la Defensoría Pública Electoral reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos que atraviesan las comunidades indígenas, posibilitando en todo tiempo su acceso a tribunales para obtener la defensa de sus derechos político-electorales”, dijo.
Añadió que con la creación de la Defensoría Pública Electoral, el TEPJF ha permitido que el Estado mexicano empiece a saldar esa deuda con los integrantes de estos pueblos y comunidades en materia de acceso a la justicia electoral, ya que cada pueblo, cada comunidad y cada integrante de las mismas puede tener la certeza de que en esta instancia encontrará un abogado que con profesionalismo, conocimiento y entrega les asesorará en todas las etapas de los juicios que interpongan.
Mañana viernes, los trabajos continúan con las mesas: La participación política de las mujeres, la violencia que padece algunas de ellas, así como el reto de empoderamiento; además se desarrollará el tema de elementos fundantes de las elecciones por sistemas normativos internos.