EDITORIAL | MD NOTICIAS RADIO
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Durante muchos años, hablar de delincuencia organizada en Oaxaca parecía ser un asunto que ocurría en otras entidades del país.
Se hablaba de los cárteles en Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas o Guerrero.
Pero la realidad comenzó a mostrarnos otra historia.
Oaxaca también enfrenta la presencia de organizaciones criminales que han encontrado espacios para operar mediante la extorsión, el tráfico de drogas, las amenazas y la violencia.
Y lo más preocupante es que las investigaciones recientes han comenzado a colocar bajo la lupa a determinadas autoridades municipales por sus posibles vínculos con estas organizaciones.
Hoy debemos reconocer que el combate emprendido por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la estrategia de seguridad del secretario Omar García Harfuch, está produciendo detenciones importantes en nuestro estado.
La captura de Iván Sánchez Santiago, conocido como el Comandante Cromo, identificado por las autoridades como presunto dirigente de una organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, representa uno de esos golpes.
Una organización investigada por homicidios, extorsiones, cobro de piso y otras actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec.
Pero no se trata de un caso aislado.
La Operación Sable ha permitido la detención de numerosos presuntos delincuentes mediante acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales.
Y cuando las autoridades hacen su trabajo, cuando investigan y cuando consiguen resultados, también hay que reconocerlo.
La Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las instituciones de inteligencia y las fiscalías están demostrando que la coordinación puede traducirse en acciones concretas contra la delincuencia.
Pero hay un asunto que merece especial atención.
Los gobiernos municipales.
Porque parece ser que son precisamente algunas autoridades municipales las que hoy comienzan a quedar más señaladas por investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
La detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, investigado por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, refleja la gravedad de las sospechas que hoy alcanzan al ámbito político.
Será la justicia la que determine su responsabilidad.
Pero esto nos obliga a preguntarnos:
¿Cómo pudieron crecer estas organizaciones?
¿Quiénes les permitieron operar durante tanto tiempo?
¿Existieron autoridades que facilitaron sus actividades?
¿Y cuántos funcionarios que tenían la obligación de proteger a la ciudadanía terminaron presuntamente protegiendo a los delincuentes?
No podemos afirmar que todos los ayuntamientos estén involucrados en actividades ilícitas.
Pero tampoco podemos ignorar que algunas investigaciones han comenzado a cuestionar la actuación de determinadas autoridades municipales.
Y aquí es donde los gobiernos municipales tendrán que corregir el rumbo.
Porque gobernar no significa solamente administrar recursos, organizar festividades, inaugurar obras o aparecer en fotografías oficiales.
Gobernar también significa garantizar, dentro de sus atribuciones, la seguridad de la población.
Los ayuntamientos tendrán que revisar sus corporaciones policiacas, fortalecer sus controles internos y demostrar que están verdaderamente al servicio de los ciudadanos.
Porque la autonomía municipal no significa impunidad.
Y ningún cargo público puede convertirse en escudo para proteger actividades criminales.
Hoy los 570 municipios de Oaxaca tienen frente a ellos una enorme responsabilidad.
No porque todos estén bajo sospecha, sino porque todos deben impedir que la delincuencia organizada encuentre espacios de protección o complicidad dentro de sus instituciones.
La seguridad no comienza cuando llegan las fuerzas federales a realizar un operativo. También comienza en cada municipio, con autoridades honestas y gobiernos responsables.
Y hay algo más.
La delincuencia organizada no solamente amenaza la tranquilidad de las familias.
También golpea la economía.
Donde existe extorsión se desalienta la inversión.
Donde hay violencia se afectan el comercio y el turismo.
Y donde las organizaciones criminales pretenden controlar territorios, los ciudadanos pierden oportunidades de desarrollo.
Por eso, el combate contra el narcotráfico no puede limitarse a detener a quienes portan armas.
También debe alcanzar a quienes financian, encubren o se benefician de las actividades criminales, mediante investigaciones serias y dentro de la ley.
De nada serviría detener a un dirigente criminal si mañana aparece otro para ocupar su lugar.
De poco servirían los grandes operativos si los comerciantes continúan pagando cuotas o si las familias siguen viviendo con miedo.
El verdadero éxito de esta estrategia no será solamente el número de detenidos, sino la tranquilidad que logre recuperarse en nuestras comunidades.
Hoy debemos reconocer los esfuerzos del Gobierno federal, del Gobierno de Oaxaca y de las instituciones de seguridad.
Pero también exigir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Que no existan intocables.
Que no haya protección política.
Y que quienes hayan utilizado sus cargos para favorecer a organizaciones criminales enfrenten a la justicia.
Porque Oaxaca no necesita solamente grandes anuncios sobre seguridad.
Oaxaca necesita resultados permanentes.
Y los gobiernos municipales tienen hoy la obligación de demostrar que están a la altura de la responsabilidad que los ciudadanos les confiaron.
Es tiempo de corregir el rumbo, recuperar las instituciones y cerrarles las puertas a las organizaciones criminales.
Porque Oaxaca no puede seguir siendo refugio de la delincuencia.
Y mucho menos permitir que quienes fueron elegidos para proteger al pueblo terminen, si así se demuestra, sirviendo a quienes lo amenazan.
