OAXACA, OAX.— Una marcada diferencia entre las facilidades de transporte para los legisladores federales y las condiciones que enfrentan comunidades de Oaxaca vuelve a poner sobre la mesa el destino de los recursos públicos y el cumplimiento de las promesas gubernamentales.
La Cámara de Diputados celebró un contrato de telepeaje por un monto máximo de 97 millones 392 mil pesos, correspondiente al periodo de 2025 a 2027, para cubrir traslados relacionados con actividades legislativas mediante dispositivos electrónicos TAG.
El contrato, identificado con el número LXVI-DGAJ-094/2024, contempla recursos para el pago de casetas, aunque el monto señalado representa el límite máximo contratado y no necesariamente el gasto efectivamente realizado.
Mientras tanto, en Oaxaca, habitantes de San Sebastián Coatlán y comunidades vecinas mantienen sus exigencias para que se cumplan los compromisos relacionados con la supercarretera Barranca Larga–Ventanilla.
Los pobladores han advertido que podrían realizar un bloqueo total e indefinido durante noviembre si las autoridades no atienden la construcción del entronque del paraje El Limar y otras obras pendientes.
Entre sus principales demandas se encuentran caminos dignos, puentes peatonales, accesos seguros a sus parcelas, tarifas accesibles y mecanismos efectivos para garantizar el tránsito de los residentes de la región.
La autopista fue inaugurada el 4 de febrero de 2024, después de más de 15 años de construcción y una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos.
Sin embargo, más de dos años después de su apertura, habitantes de distintas comunidades continúan denunciando que algunas obras complementarias y accesos comprometidos siguen sin resolverse.
El conflicto también ha provocado manifestaciones y cierres anteriores en la plaza de cobro de Ventanilla, donde pobladores han reclamado afectaciones a caminos y terrenos comunales, además de dificultades para obtener los beneficios de tránsito destinados a residentes.
La situación plantea un contraste que merece atención pública.
Mientras el Poder Legislativo federal dispone de un contrato que puede alcanzar casi 100 millones de pesos para el pago de casetas, comunidades oaxaqueñas siguen solicitando infraestructura básica y soluciones para transitar por una carretera que atraviesa su propio territorio.
Aunque se trata de presupuestos y responsabilidades institucionales diferentes, ambos casos abren preguntas sobre las prioridades del gasto público, la transparencia y la atención a las necesidades ciudadanas.
Las comunidades esperan respuestas concretas, fechas de ejecución y compromisos verificables, antes de que las advertencias de bloqueo se conviertan en nuevas afectaciones para miles de automovilistas y transportistas.
Porque mientras para unos el pago de las casetas puede cubrirse con recursos públicos, para otros el problema sigue siendo mucho más elemental: contar con caminos seguros, accesos dignos y autoridades que cumplan lo prometido.