La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, compareció ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados para analizar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó que 42.8 millones de personas reciben algún programa social, 10.7 millones más que en 2025, y defendió la transparencia del padrón de beneficiarios, que dijo es único, público, auditable y se actualiza trimestralmente.
Aseguró que los apoyos se entregan de forma directa, sin intermediarios ni condicionamientos, y que el presupuesto para Bienestar en 2026 supera un billón de pesos. Reconoció que la Auditoría Superior de la Federación identificó seis acciones por 5 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024, de las cuales 1.5 millones ya fueron subsanados; lo calificó como una cifra menor al 0.001 por ciento del presupuesto.
Resultados destacados
Más de 13.4 millones de personas habrían salido de la pobreza en seis años, atribuido al aumento del salario mínimo —de 88 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026— y a los programas sociales.
Casi 14 millones de personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar, con una inversión anual cercana a 527 mil millones de pesos.
La Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años, con 57 mil millones de pesos anuales.
1.8 millones de personas con discapacidad reciben pensión; además, 28 mil niñas y niños reciben apoyo para rehabilitación e inclusión.
19.5 millones de estudiantes reciben becas y el programa Salud Casa por Casa ha realizado 27 millones de visitas.
Sembrando Vida atiende a 423 mil productores en mil 113 municipios de 24 estados; se han cultivado más de mil 200 millones de plantas y árboles.
Cerca de 20 mil comunidades indígenas y afromexicanas han sido beneficiadas por el FAIS, con una inversión social de 13 mil 500 millones de pesos en 2026.
Reacciones en el Congreso
Legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la política social y pidieron ampliarla, especialmente hacia personas con discapacidad, comunidades indígenas y zonas rurales.
En contraste, diputados de PAN, PRI y MC cuestionaron la suficiencia del presupuesto para 2027, la sostenibilidad de las pensiones ante el envejecimiento poblacional, la transparencia en el uso de recursos y la posible intervención de los Servidores de la Nación en procesos electorales. También exigieron evaluaciones que demuestren el impacto real de los programas en la reducción de la pobreza.
La presidenta de la comisión, Ana Karina Rojo Pimentel, sostuvo que el bienestar debe ser una responsabilidad permanente del Estado y no una asistencia eventual, y propuso que el presupuesto responda a las necesidades de la población.
