Una vez más, la llamada Cuarta Transformación enfrenta una nueva controversia política que pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿en México se investigan las acusaciones o simplemente se responde con comunicados de solidaridad?
El enfrentamiento entre la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y figuras del movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha provocado una reacción en cadena entre gobernadores y dirigentes políticos.
En el centro de la polémica se encuentra Ariadna Montiel Reyes, señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones cuya veracidad no ha sido demostrada públicamente.
Sin embargo, lejos de que el debate se concentre en esclarecer los señalamientos, la discusión ha derivado en una confrontación política.
Gobernadoras y gobernadores identificados con la Cuarta Transformación difundieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su respaldo absoluto a Montiel, condenan las acusaciones y exigen pruebas a quienes las formulan.
Entre los firmantes aparece el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
Y desde la capital oaxaqueña, el presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva también se sumó a las expresiones de solidaridad mediante un comunicado público.
PERO AQUÍ SURGE LA GRAN PREGUNTA:
¿POR QUÉ LA RESPUESTA INMEDIATA ES CERRAR FILAS POLÍTICAMENTE Y NO EXIGIR QUE LAS AUTORIDADES INVESTIGUEN A FONDO?
Porque si las acusaciones son falsas, una investigación seria permitiría esclarecerlo.
Y si existieran elementos que sustentaran los señalamientos, las autoridades tendrían la obligación de actuar, independientemente de partidos, cargos o amistades políticas.
La presunción de inocencia debe respetarse, pero tampoco puede utilizarse el respaldo político como sustituto de la transparencia.
Lo preocupante es que, mientras unos acusan y otros defienden, los ciudadanos continúan esperando respuestas sobre problemas mucho más profundos.
La inseguridad, la violencia, las desapariciones, las deficiencias del sistema de salud, las carencias de infraestructura y los cuestionamientos sobre el ejercicio de los recursos públicos siguen formando parte de la realidad nacional.
Y entonces aparece otra interrogante:
¿ESTAMOS FRENTE A UNA CONTROVERSIA QUE REALMENTE SERÁ ESCLARECIDA O ANTE UNA NUEVA CORTINA DE HUMO QUE TERMINARÁ DESVIANDO LA ATENCIÓN DE LOS GRANDES PROBLEMAS DEL PAÍS?
No puede afirmarse que exista una estrategia deliberada de distracción, pero el efecto político de estas confrontaciones merece cuestionarse.
Porque mientras la clase política intercambia acusaciones, comunicados y declaraciones de respaldo, los asuntos que afectan diariamente a millones de mexicanos corren el riesgo de quedar relegados.
México no necesita más guerras de declaraciones.
Necesita instituciones que investiguen, autoridades que rindan cuentas y funcionarios dispuestos a someterse al escrutinio público.
Porque la verdad no se demuestra con veinticuatro firmas, ni la culpabilidad se establece mediante una acusación.
La verdad se demuestra con pruebas.
Y la justicia, con investigaciones.
MIENTRAS TANTO, LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ENFRENTA OTRA POLÉMICA QUE PONE A PRUEBA SU DISCURSO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Y al final, la pregunta sigue siendo la misma:
¿QUIÉN ESTÁ DISPUESTO A INVESTIGAR, EN LUGAR DE LIMITARSE A DEFENDER O ACUSAR?