¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁN CULPANDO A LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
Hay algo que está sucediendo en la política mexicana y que merece una reflexión profunda.
Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y, cuando aparecen cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, posibles actos de corrupción o problemas en obras gubernamentales, la discusión política termina regresando al mismo lugar.
LOS GOBIERNOS ANTERIORES.
Y pareciera que esa explicación se ha convertido en una respuesta recurrente frente a los problemas del presente.
Durante años, Morena cuestionó a los gobiernos del PRI y del PAN.
Los acusó de corrupción, de abusos, de malos manejos y de haber dejado al país en condiciones difíciles.
Y desde luego, si durante aquellas administraciones se cometieron delitos, deben investigarse.
Nadie debería estar por encima de la ley.
PERO AQUÍ VIENE LA PRIMERA GRAN PREGUNTA.
Si durante tantos años se ha señalado a expresidentes y exfuncionarios por supuestos actos de corrupción...
¿Dónde están las investigaciones?
¿Cuántas denuncias se presentaron?
¿Cuántos expedientes llegaron ante los tribunales?
¿Y cuántos responsables recibieron una sentencia?
Porque una cosa es acusar desde una tribuna política y otra muy distinta es demostrar los hechos ante la justicia.
Y aquí queremos dirigir una pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum.
PRESIDENTA, SI EXISTEN PRUEBAS CONTRA LOS GOBIERNOS ANTERIORES, ¿POR QUÉ NO CONOCEMOS RESULTADOS JUDICIALES CLAROS EN TODOS ESOS CASOS QUE SE SEÑALAN?
Sabemos perfectamente que una presidenta no puede ordenar que se encarcele a una persona.
Eso corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, conforme a sus atribuciones.
Pero el Gobierno Federal sí tiene la responsabilidad de denunciar los posibles delitos que detecte y colaborar con las investigaciones.
Y si durante años se ha hablado de corrupción en administraciones anteriores, los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué sucedió con esas acusaciones.
PORQUE LA JUSTICIA NO PUEDE QUEDARSE SOLAMENTE EN EL DISCURSO.
Pero hay algo todavía más importante.
Hoy los cuestionamientos también alcanzan a funcionarios, exfuncionarios y personajes relacionados con administraciones de Morena.
Y entonces surge una segunda pregunta.
¿SE ESTÁ APLICANDO EL MISMO CRITERIO PARA INVESTIGAR A LOS ADVERSARIOS POLÍTICOS QUE PARA INVESTIGAR A LOS INTEGRANTES DEL PROPIO MOVIMIENTO?
Porque no podemos hablar de combatir la corrupción si la exigencia de rendición de cuentas depende del partido político al que pertenezca el señalado.
México necesita instituciones que investiguen con independencia.
Que no distingan entre amigos y adversarios.
Que no pregunten primero de qué partido es una persona antes de determinar si existen elementos para investigar.
Y que tampoco conviertan una acusación mediática en una sentencia anticipada.
LA JUSTICIA DEBE SER IGUAL PARA TODOS.
Y aquí tenemos otro asunto.
Las grandes obras públicas.
La Línea 12 del Metro.
El Tren Maya.
El Corredor Interoceánico.
Proyectos que han generado debates, cuestionamientos, investigaciones y controversias de distinta naturaleza.
En algunos casos se han registrado tragedias humanas.
En otros, cuestionamientos ambientales, técnicos o administrativos.
Cada asunto tiene circunstancias y responsabilidades diferentes, que deben analizarse por separado.
Pero existe un principio que debe quedar perfectamente claro.
UNA COSA ES NO HABER CONSTRUIDO UNA OBRA Y OTRA MUY DISTINTA ES NO TENER RESPONSABILIDAD DE ATENDER SUS PROBLEMAS CUANDO SE ESTÁ GOBERNANDO.
Ninguna autoridad debe cargar con delitos ajenos.
Pero tampoco puede desentenderse de los problemas que recibe.
Porque gobernar significa asumir responsabilidades.
Y cuando una administración encuentra irregularidades heredadas, debe actuar.
Investigar.
Corregir.
Denunciar cuando corresponda.
Y garantizar que los problemas no continúen afectando a la población.
NO BASTA CON DECIR QUE EL PROBLEMA VIENE DE ATRÁS.
Porque entonces podríamos pasar seis años, doce años o veinte años discutiendo quién tuvo la culpa, mientras los ciudadanos seguimos esperando soluciones.
Y ahora viene una reflexión que consideramos fundamental.
La presidenta Claudia Sheinbaum pertenece al mismo movimiento político que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Eso es un hecho.
Pero también es cierto que hoy tiene una responsabilidad constitucional propia.
Y esa responsabilidad es con todos los mexicanos.
No solamente con quienes votaron por ella.
No solamente con quienes pertenecen a Morena.
No solamente con quienes defienden a la llamada Cuarta Transformación.
SU RESPONSABILIDAD ES CON MÉXICO.
Por eso resulta indispensable preguntarnos:
¿Hasta dónde debe llegar la lealtad política?
¿Y dónde comienza la obligación de exigir responsabilidades, incluso cuando los posibles involucrados pertenecen al propio movimiento?
Porque defender un proyecto político no significa justificar automáticamente todas las decisiones de quienes forman parte de él.
Y combatir la corrupción tampoco significa perseguir adversarios.
Significa investigar hechos.
Reunir pruebas.
Respetar el debido proceso.
Y aplicar la ley sin privilegios.
Ahora bien...
Esta misma mañana, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, rechazó públicamente los señalamientos que lo relacionan con el llamado huachicol fiscal.
También negó haber utilizado influencias para favorecer contratos públicos y sostuvo que existe una campaña política en su contra.
Tiene derecho a defenderse.
Como cualquier ciudadano.
Pero las acusaciones que él mismo formuló contra empresarios y periodistas también deben examinarse con pruebas.
Porque nadie puede exigir que sus adversarios demuestren sus señalamientos y pretender que sus propias acusaciones se acepten sin evidencia.
EL MISMO CRITERIO PARA TODOS.
Y volvemos entonces al punto de partida.
Morena llegó al poder prometiendo transformar la vida pública del país.
Prometió combatir la corrupción.
Prometió terminar con los privilegios.
Prometió que las cosas serían diferentes.
Y precisamente por esas promesas, la exigencia ciudadana debe ser mayor.
No menor.
Porque cuando un partido ofrece cambiar las prácticas del pasado, debe demostrar con hechos que cumple ese compromiso.
No basta con repetir que los anteriores fueron peores.
PORQUE HABER PROMETIDO SER DIFERENTES TAMBIÉN SIGNIFICA ACEPTAR QUE HOY DEBEN SER EVALUADOS POR SUS PROPIOS RESULTADOS.
Y esto vale también para Oaxaca.
Para nuestros municipios.
Para Puerto Escondido.
Para cualquier autoridad que, al recibir una administración, encuentre problemas heredados.
Desde luego que debe explicar cómo recibió las finanzas, los servicios y las obras públicas.
Pero también debe informar qué hizo para corregir las deficiencias.
Porque los ciudadanos no elegimos gobiernos solamente para que nos expliquen los errores de sus antecesores.
LOS ELEGIMOS PARA QUE RESUELVAN LOS PROBLEMAS.
Y si durante una administración aparecen nuevas irregularidades, también deben investigarse.
Sin importar quién gobierne.
Sin importar quién haya recomendado al funcionario.
Sin importar si pertenece al partido en el poder.
Porque el dinero público no pertenece a Morena.
No pertenece al PRI.
No pertenece al PAN.
Ni pertenece a ningún otro partido.
EL DINERO PÚBLICO PERTENECE A LOS MEXICANOS.
Y por eso debemos exigir explicaciones.
Pero explicaciones acompañadas de documentos.
De investigaciones.
De resultados.
De resoluciones.
Y cuando se acrediten delitos, de las sanciones correspondientes.
Presidenta Claudia Sheinbaum:
Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre las irregularidades del pasado.
Pero también tenemos derecho a exigir respuestas sobre lo que sucede en el presente.
No necesitamos que se proteja a ningún expresidente.
Ni a ningún exsecretario.
Ni a ningún gobernador.
Ni a ningún funcionario actual.
NECESITAMOS QUE SE PROTEJA EL ESTADO DE DERECHO.
Y que las instituciones tengan la capacidad de investigar a cualquier persona, sin distinciones políticas.
Porque cuando la justicia se aplica solamente a unos, deja de ser justicia para todos.
Y cuando los discursos sustituyen a las investigaciones, la impunidad encuentra espacio para continuar.
Así que hoy queremos dejar una pregunta sobre la mesa.
Una pregunta que deberían hacerse todos los mexicanos, independientemente de sus preferencias políticas.
¿CUÁNTO TIEMPO MÁS VAMOS A PERMITIR QUE EL DEBATE SOBRE QUIÉN TUVO LA CULPA SUSTITUYA LA OBLIGACIÓN DE EXPLICAR QUIÉN ESTÁ RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS?
Porque el pasado debe investigarse.
El presente debe fiscalizarse.
Y el futuro debe construirse con responsabilidad.
EL PASADO NO ABSUELVE AL PRESENTE.
Y EL PRESENTE TAMPOCO DEBE GARANTIZAR IMPUNIDAD AL PASADO.
Que se investigue a quien se tenga que investigar.
Que se denuncie a quien se tenga que denunciar.
Y que responda ante la justicia quien resulte responsable.
SIN COLORES.
SIN PRIVILEGIOS.
SIN EXCUSAS.
Porque México necesita menos confrontaciones políticas y más resultados de sus instituciones.
Y porque, al final...
LA LEALTAD DE UN GOBIERNO NO DEBE SER CON UN PARTIDO. DEBE SER CON LA LEY Y CON LOS CIUDADANOS
Soy Mauricio D' Ríos Reynoso.
Y ESTA ES MI OPINIÓN.
