En Oaxaca parece que cambiar a un funcionario público se ha convertido en la respuesta más sencilla cuando una institución comienza a acumular problemas.
Se va uno, llega otro, se anuncian nuevos compromisos, se promete diálogo y se habla de soluciones.
Pero los problemas siguen exactamente donde estaban.
Hoy tenemos un nuevo ejemplo en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEEPO.
Docentes de las 11 escuelas normales públicas iniciaron un paro indefinido para exigir el cumplimiento de compromisos laborales que, según sus representantes, llevan meses e incluso años sin resolverse.
Pagos pendientes, reconocimiento de antigüedad, trámites de plazas, órdenes de adscripción y recategorizaciones que simplemente no avanzan.
Y aquí viene lo verdaderamente preocupante.
Los trabajadores aseguran que la actual directora, Fernanda Chávez Cruz, se comprometió a resolver determinados pendientes durante octubre.
Pero octubre terminó.
Llegó noviembre.
Y ahora, según denuncian los propios docentes, la solución podría llegar hasta febrero de 2027.
¡Vaya manera de administrar los compromisos de una institución pública!
Y entonces?
¿De qué sirven las reuniones, las mesas de diálogo y las minutas de acuerdos si al final nadie garantiza su cumplimiento?
Porque una cosa es escuchar a los trabajadores y otra muy distinta es resolver sus problemas.
Fernanda Chávez recibió una institución con conflictos heredados de la administración de Emilio Montero Pérez. Eso es cierto.
Pero también es cierto que quien acepta dirigir una institución pública asume la responsabilidad de enfrentar sus problemas, no solamente de explicar quién los dejó.
Y aquí también existe una responsabilidad directa del Gobierno del Estado.
Porque fue el gobernador Salomón Jara quien designó a la actual directora del IEEPO.
Por lo tanto, no estamos hablando solamente de la capacidad de una funcionaria.
Estamos hablando de la capacidad de todo un gobierno para garantizar el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de Oaxaca.
Y mientras las autoridades y los representantes sindicales discuten, negocian o posponen soluciones, existe un sector que termina pagando las consecuencias.
Los estudiantes.
Jóvenes que se preparan para convertirse en maestros y que hoy ven interrumpida su formación académica.
Y tampoco podemos dejar fuera la responsabilidad de las organizaciones sindicales.
Porque los derechos laborales deben respetarse, desde luego.
Pero también debe existir responsabilidad para procurar que las protestas afecten lo menos posible el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Aquí no se trata de darle la razón automáticamente al gobierno ni al sindicato.
Se trata de exigir resultados a ambos.
Y todavía hay otro asunto que merece atención.
Los señalamientos sobre presuntos trabajadores que cobran sin desempeñar funciones efectivas.
Si existen esas irregularidades, que se investiguen, que se documenten y que se sancionen.
Pero que no se utilicen solamente como acusaciones políticas mientras los verdaderos problemas administrativos permanecen sin solución.
Oaxaca necesita instituciones educativas que funcionen, no oficinas dedicadas permanentemente a administrar conflictos.
Necesita funcionarios capaces de resolver, no solamente de prometer.
Y necesita un gobierno que comprenda que la educación no puede permanecer atrapada entre compromisos incumplidos, disputas sindicales y cambios de funcionarios.
Porque cambiar de director no significa cambiar los resultados.
Y si después de cada nombramiento los problemas siguen creciendo, entonces la pregunta ya no es solamente quién está fallando al frente del IEEPO.
La pregunta es mucho más profunda:
¿Está fallando una funcionaria o está fallando el modelo de administración educativa del Gobierno de Oaxaca?
Porque los cargos públicos no se entregan para aprender a justificar los problemas.
Se entregan para resolverlos.
Y en Oaxaca, por lo visto, todavía hay mucho por resolver.