El poder puede ganar elecciones, pero no puede obligar a una sociedad a confiar en él.
Estamos llegando a la recta final de dos mil veintiséis.
Un año que comienza a despedirse dejando muchas preguntas, muchas inconformidades y demasiados problemas que siguen esperando respuestas.
Y mientras algunos gobiernos se preparan para presentar sus informes, presumir cifras, anunciar inversiones y hablar de resultados, una parte de la sociedad observa una realidad que no siempre coincide con los discursos oficiales.
Porque una cosa es gobernar desde una oficina, rodeado de funcionarios, asesores y colaboradores que constantemente aseguran que todo marcha bien.
Y otra muy distinta es salir a las calles, escuchar a los ciudadanos y conocer lo que realmente sucede.
Y aquí comienza nuestra reflexión.
Dos mil veintisiete no será un año cualquiera.
Será un año de decisiones políticas importantes, de elecciones, de reacomodos, de aspiraciones personales y de una inevitable evaluación ciudadana.
En México, el poder político volverá a ponerse a prueba.
Y en Oaxaca, particularmente en nuestros municipios, esa prueba tendrá un significado especial.
Porque veremos qué tan sólidas son las estructuras políticas que hoy gobiernan.
Pero también podremos observar qué consecuencias tienen las decisiones equivocadas, las promesas incumplidas y la distancia que algunos gobiernos han construido frente a la sociedad.
Y cuidado.
Porque una estructura política puede parecer extraordinariamente fuerte desde el interior del gobierno.
Puede tener funcionarios, operadores, recursos, publicidad y una maquinaria perfectamente organizada.
Pero ninguna de esas herramientas garantiza, por sí sola, la confianza ciudadana.
El poder político y la confianza social no son necesariamente lo mismo.
Un gobierno puede conservar el control administrativo y, al mismo tiempo, enfrentar un creciente descontento entre quienes debería representar.
Y ese descontento no siempre se manifiesta mediante grandes protestas.
A veces aparece en una conversación familiar.
En el comentario de un comerciante.
En el reclamo de un transportista.
En la desesperación de una madre que no encuentra medicamentos.
En el ciudadano que diariamente circula por calles destruidas.
O en el empresario que observa cómo los problemas de su comunidad permanecen sin solución.
Son inconformidades que pueden parecer pequeñas cuando se observan individualmente.
Pero que, acumuladas, pueden convertirse en una profunda crisis de confianza.
Y eso es precisamente lo que cualquier gobierno debería evitar.
Porque gobernar no significa únicamente administrar presupuestos.
Significa escuchar.
Resolver.
Dar explicaciones.
Reconocer errores.
Y, sobre todo, entender que el dinero público no pertenece a los funcionarios, sino a la sociedad.
Hoy vemos gobiernos que anuncian presupuestos históricos mientras persisten problemas elementales.
Carreteras deterioradas.
Servicios públicos deficientes.
Comunidades reclamando obras.
Conflictos sociales sin resolver.
Y ciudadanos que comienzan a preguntarse por qué, si cada año se dispone de mayores recursos, tantas necesidades continúan presentes.
No significa que todo esté mal.
Sería injusto desconocer las obras, los programas o las acciones que sí han producido beneficios.
Pero tampoco sería responsable ignorar aquello que sigue sin funcionar.
Un gobierno no debe evaluarse solamente por lo que anuncia, sino por lo que efectivamente resuelve.
Y aquí aparece otro elemento que marcará el próximo año.
La política electoral.
Porque cuando comienzan a acercarse las elecciones, aparecen también quienes desean continuar, recuperar o conquistar espacios de poder.
Veremos aspirantes que hablarán de transformación.
Otros que ofrecerán continuidad.
Algunos que prometerán corregir errores.
Y seguramente muchos que intentarán presentarse como la solución a problemas que llevan años existiendo.
Pero la sociedad tiene derecho a preguntarles:
¿Dónde estuvieron cuando esos problemas comenzaron?
¿Qué hicieron cuando tuvieron responsabilidades públicas?
¿Qué resultados pueden demostrar?
¿Y por qué deberíamos creer que ahora harán aquello que antes no hicieron?
Estas preguntas no pertenecen a ningún partido político.
Son preguntas que cualquier ciudadano puede formular a quienes buscan gobernarlo.
Porque las elecciones no deberían convertirse solamente en una competencia de popularidad, propaganda o estructuras partidistas.
Deberían representar una oportunidad para revisar trayectorias, contrastar propuestas y exigir compromisos verificables.
Y en dos mil veintisiete esa evaluación será especialmente importante.
Los gobiernos que hoy ejercen el poder tendrán que enfrentar el juicio político de la ciudadanía en las urnas.
Algunos podrán encontrar respaldo.
Otros podrían descubrir que sus decisiones tuvieron un costo mucho mayor del que imaginaron.
Pero eso no está escrito.
Lo decidirán los ciudadanos.
Porque el poder no es eterno. Y la confianza tampoco es automática.
Hay algo que quienes gobiernan deberían comprender antes de que termine este año.
La indiferencia hacia los problemas sociales puede convertirse en uno de los errores más costosos de cualquier administración.
No escuchar una queja no significa que la queja desaparezca.
No atender un problema no significa que el problema deje de existir.
Y no responder a una comunidad no significa que esa comunidad haya olvidado.
Por eso, más que preguntarnos quién ganará las próximas elecciones, deberíamos preguntarnos qué han aprendido nuestros gobiernos de los últimos años.
Si han entendido las necesidades de la población.
Si están dispuestos a corregir.
Si pueden reconocer sus errores.
Y si verdaderamente comprenden que gobernar es una responsabilidad temporal, no un privilegio permanente.
Estamos por cerrar dos mil veintiséis.
Y al comenzar dos mil veintisiete veremos discursos, campañas, alianzas, rupturas y disputas por el poder.
Pero detrás de todo ese movimiento político habrá una pregunta mucho más importante:
¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos con la manera en que están siendo gobernados?
Porque esa respuesta no la puede fabricar una campaña publicitaria.
No la puede imponer un funcionario.
Y tampoco la puede garantizar el presupuesto más grande.
La respuesta se construye todos los días, con decisiones, resultados y respeto hacia la sociedad.
Dos mil veintisiete pondrá a prueba muchas cosas.
La fortaleza de los partidos.
La capacidad de los gobiernos.
La credibilidad de los aspirantes.
Y también la responsabilidad de los ciudadanos al momento de elegir.
Porque una elección puede cambiar a quienes gobiernan, pero solamente una sociedad informada, exigente y participativa puede cambiar la manera de gobernar.
Y quizá esa sea la reflexión más importante con la que debamos despedir este año.
El poder tendrá que mirarse al espejo.
Pero también nosotros, como sociedad, tendremos que decidir qué clase de gobiernos queremos para nuestro futuro.
Soy Mauricio D' Ríos Reynoso.
Y ESTA ES MI OPINIÓN
