En el marco de un diálogo respetuoso y constructivo, la Magistrada Alma López Vásquez, integrante de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acompañada de juezas civiles y familiares, se reunieron con la diputada de la fracción parlamentaria de Mujeres Independientes, Lic. Elim Antonio Aquino, con el fin de exponer e intercambiar puntos de vista ante la propuesta de reformas a los artículos 2368 y 965 bis, del Código Civil estatal.
En la sala de juntas “Presidentes del Congreso del Estado”, la Diputada Antonio Aquino, expuso a la magistrada y abogadas, el proyecto de reformas a dos apartados jurídicos del Código Civil del Estado; respecto al artículo 2368, se hace referencia de suprimir la figura de tácita reconducción en contratos de arrendamientos y en el artículo 965 bis, a evitar que la parte demandante cubra el costo de la prueba pericial de ADN molecular siempre y cuando resulte negativa, de otro modo se propone sea el Poder Judicial quien absorba el costo.
En este sentido, la Magistrada Alma López Vásquez, manifestó que la figura jurídica de la tácita reconducción ha estado reconocida de manera histórica en la legislación mexicana y por tanto es necesario realizar un análisis profundo con el fin de no afectar la economía de las familias y la propiedad o seguridad del arrendatario y los derechos del arrendador.
Asimismo, la magistrada integrante de la Sala Familiar, señaló que el presupuesto asignado por el Congreso Local al Poder Judicial del Estado (PJEO), no permite que la institución contrate a un perito genetista o absorba el costo de la prueba pericial en genética molecular del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), cuyo valor es de 15 mil pesos en laboratorios particulares, sin embargo, enfatizó que el PJEO, a través del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General donde se cuenta con laboratorios y material especializado, ha cumplido con la encomienda de proteger el derecho de niños y adolescentes de conocer su origen biológico y garantizar que las obligaciones alimentarias y el reconocimiento de la filiación se cumplan.
López Vásquez, explicó que actualmente en los procesos de paternidad, ambas partes involucradas cubren la cantidad de seis mil pesos por concepto de insumos para realizar la prueba molecular de ADN, en donde la Fiscalía General del Estado pone a disposición su laboratorio especializado. “En un supuesto que el PJEO debiera absorber el costo, tan solo
de 250 litigios anuales a nivel estado, se requiere cerca de un millón y medio de pesos, en caso de utilizar los servicios particulares la cantidad necesaria oscila entre los dos y cinco millones de pesos”.
Asimismo, las juezas especializadas en materia familiar hicieron saber a la diputada Elim Antonio, que tan solo en los juzgados del centro, en un mes se rebasan los 250 casos que requieren una prueba de ADN o paternidad, por lo que es necesario una reforma integral que permita hacer valer el derecho a la identidad de las y los niños, señalado en tratados internacionales suscritos por México.
Al finalizar la reunión, la diputada Elim Antonio Aquino, agradeció las opiniones de las magistrada y juezas, ya que dijo son quienes resuelven los casos de las y los ciudadanos y conocen mejor el panorama judicial del estado, a la vez que las exhortó a continuar con mesas de trabajo involucrando a los actores necesarios que permitan formalizar reformas en beneficio de la sociedad.
