Es un deber ético pero también jurídico, otorgar una protección reforzada a quienes presentan un mayor grado de dificultad para hacer efectiva la defensa de sus derechos. Al asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján mencionó que quienes estudian, interpretan y aplican cotidianamente el derecho, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, inclusión, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad que mandata el artículo primero constitucional.
Por lo anterior, si entendemos por acceso a la justicia, el derecho fundamental que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos, éste no puede verse impedido por circunstancia alguna o por razón de discapacidad, al contrario, es un deber ético pero también jurídico, otorgar una protección reforzada a quienes presentan un mayor grado de dificultad para hacer efectiva la defensa de sus derechos.
En este sentido, la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca, señala diversas disposiciones que el PJE ha acatado para que en los procedimientos administrativos y judiciales en los que estén involucradas personas en situación de discapacidad, accedan a la justicia en igualdad de condiciones, reciban un trato digno, así como asesoría y representación jurídica de forma gratuita en los términos que establezcan las leyes respectivas.
Igualmente, dicha ley establece para las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia, plantear acciones enfocadas en la sensibilización y capacitación de las y los servidores públicos judiciales, para que ejerzan sus labores con apego al respeto de los derechos humanos y un enfoque con perspectiva de género.
En consecuencia, el PJE a través de la Escuela Judicial, ha realizado talleres, cursos y conferencias magistrales enfocadas en la capacitación y actualización de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal jurisdiccional y administrativo, con el fin de brindar una tutela efectiva y proteger los derechos humanos de la ciudadanía, pero en especial de los grupos vulnerables como lo son niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas indígenas o con discapacidad, adultos mayores, entre otros.
Con el tema, “La Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”, el Dr. Miguel Ontiveros Alonso, reconocido jurista en materia penal a nivel nacional, aperturó en el mes de febrero, el ciclo académico 2019, de los estudios de especialización judicial y expresó que hoy en día no se puede formar parte de un Poder Judicial si no se trabaja con perspectiva de género, ya que el acceso e impartición de justicia es un derecho humano y por consecuencia, todas y todos sin distinción alguna, debemos ser juzgados bajo este tenor.
Ontiveros Alonso, explicó que, a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del año 2011, todos los miembros del Poder Judicial de Oaxaca y de otros estados, están obligados a impartir justicia con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En virtud de ello, la actual administración seguirá trabajando en un sistema judicial incluyente y con perspectiva de género que no solo permita edificar una institución plural, democrática y eficaz, sino que además genere la credibilidad ciudadana, encargada de legitimar la función pública en la impartición de justicia en Oaxaca.