El Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó el foro “Fortalecimiento de las familias estrategia para desalentar la violencia”..
Según datos del Banco Nacional de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), el 75% de la violencia se produce en el entorno familiar. Al 30 de mayo del año actual, se tienen registrados a nivel nacional 422 mil 814 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, contabilizando a 256 mil 910 hombres como agresores y 12 mil 861 mujeres.
Derivado de lo anterior, el Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizó el foro “Fortalecimiento de las familias estrategia para desalentar la violencia”, con el fin de reflexionar y analizar las causas que originan la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Al inaugurar y hacer uso de la voz, María Eugenia Villanueva Abraján, apuntó que la justicia empieza cuando se opera a partir del ámbito más personal, desde nuestro núcleo social más elemental que es la familia, “como juzgadores y juzgadoras debemos poner como centro de interés el interés superior de los niños pero sobre todo el interés personal, profesional y laboral de un acompañamiento jurídico justo a todas las familias. Seamos incluyentes desde el momento en que las personas, en especial mujeres mujeres, acudan a las áreas jurisdiccionales, es nuestro deber como impartidoras e impartidores de justicia, brindar esa protección y ayuda.
El foro estuvo integrado por dos paneles: “La protección a la familia ¿Un pendiente en la Agenda de Derechos Humanos?” y “Relaciones familiares: cambios y retos”, en los cuales magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal jurisdiccional y administrativo, integrantes de barras y colegios de abogados, así como estudiantes universitarios y público en general, pudieron escuchar de destacados especialistas, sus análisis y percepciones en diversos temas en materia familiar.
Durante su intervención, con el tema “La protección a la familia en los instrumentos jurídicos de Derechos Humanos”, la maestra Lucía Rodríguez Quintero, Subdirectora adscrita a la Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, de la Primera Visitaduría de la CNDH, externó que la legislación mexicana, incluidos los tratados internacionales, reconocen el derecho de las familias a recibir protección y asistencia por parte del Estado, en especial si se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual es necesario unificar criterios sobre lo que es la violencia y todo lo que ésta involucra, “si se quiere cambiar o eliminar la violencia social debemos eliminar la violencia familiar”, señaló.
Por su parte, el doctor Adalberto Santaella Solís, Director de Violencia familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, abordó “La violencia familiar un problema de salud y derechos humanos. Refugios temporales para mujeres que viven violencia extrema” en donde explicó que la violencia familiar no es un simple acto de agresión sino que pone de manifiesto una forma de interactuar, de relacionarse con los miembros de la familia y ello revela la tendencia a transmitirse de generación en generación. Declaró que hoy en día, existen 26 refugios en el país para mujeres y sus hijas o hijos que viven violencia familiar o de género extrema, los cuales son espacios temporales que ofrecen servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género, operados en su mayoría por organizaciones de la sociedad civil y algunos por instituciones públicas de nivel estatal y municipal.
En otro orden de ideas, la maestra Verónica María de los Ángeles Morales, Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), al impartir el tema “Necesidad de un perfil especializado para quienes imparten justicia en materia familiar”, aseveró que una parte de los derechos de la infancia está ligada con el acceso a la justicia, lo que implica que las personas que tienen la función de impartir justicia, son quienes están encargados de garantizar el respeto de dichos derechos, “juezas y jueces deben poner en práctica en cada caso concreto la perspectiva de género, reconociendo en todo momento que su deber es frente a los justiciables y no frente a otras autoridades y más cuando son asuntos donde forman parte mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Al término del evento, el director de Derechos Humanos, José Luis Sánchez y Moreno, hizo entrega de reconocimientos a las y los ponentes que participaron y mencionó a nombre de la titular del PJEO, que estas actividades propician las buenas prácticas entre las y los operados de justicia con la finalidad de ayudar a los niños y erradicar la violencia en contra de las mujeres.