Del 16 de septiembre al 22 de octubre, 674 personas obtuvieron su libertad tras permanecer en centros penitenciarios federales y estatales; de este total, 645 se ampararon bajo el mecanismo de preliberación, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Cumplieron con los requisitos de ley para ser sujetos de liberación 33 mujeres, 22 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas y 464 personas.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC mencionó que “se trata, en la mayoría de los casos, de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades».
A través de la Ley de Amnistía, se sumaron 29 personas, de los cuales 20 tenían escasos recursos económicos, dos mujeres, dos indígenas, dos personas con discapacidad, dos víctimas de intimidación y una víctima de discriminación, refirió.
Del 1 de julio al 26 de octubre de 2022, se reportan 3 mil 194 preliberaciones y 165 amnistías, lo que significa un total de 3 mil 359 personas que recuperaron su libertad.
Presidente refrenda compromiso de continuar investigación a fondo sobre caso Ayotzinapa
El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso del Gobierno de México, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de continuar con las investigaciones y procesos judiciales derivados de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014.
“Es un asunto para nosotros fundamental: tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los muchachos. (…) Cada vez tenemos más información, no vamos a detener la búsqueda y no vamos a dejar de trabajar”, subrayó.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que este caso se realiza bajo los principios de cero impunidad y cero corrupción al romper el pacto de silencio que imperó en el sexenio anterior.
A partir de la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo, se procedió a la detención de servidores públicos civiles y militares, en aras de dar castigo sin excepción a los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes y el posterior encubrimiento del delito.
“Tenemos la confianza de los padres. Además, es un asunto de convicciones, nosotros tenemos que aclarar esto, independientemente de que se tiene que hacer por justicia a los padres, al país, por fortalecer las instituciones de México que quedaron en entredicho, maltrechas, afectadas, socavadas, y necesitamos que se tenga credibilidad en el Estado mexicano”, indicó.
El jefe del Ejecutivo respaldó la labor del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a propósito de encontrar la verdad en este caso de interés público.
Afirmó que el nuevo titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con el apoyo del Gobierno de la Cuarta Transformación.
“Es un hombre íntegro, honesto, limpio; un abogado que sí lleva a la práctica la máxima: ‘Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie’”, expresó.
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, por el caso Ayotzinapa, se identificaron 154 eventos considerados relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, tales como: modo, motivo, lugar, participantes y destino.
Esta investigación integral incluye el análisis de comunicaciones, declaraciones y entrevistas recogidas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los levantamientos de campo y el análisis de metadatos.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el subsecretario Encinas Rodríguez también dio cuenta de los avances en materia de derechos humanos, en el que destacó la creación de capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52 mil cuerpos humanos sin identificar.
La federación reinstauró el Sistema Nacional de Búsqueda e instaló 32 comisiones estatales de búsqueda que han recibido un presupuesto de mil 800 millones de pesos para el fortalecimiento de capacidades forenses, puntualizó.
Mencionó que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 400 millones de pesos en 2019, a más de mil 100 millones proyectados para 2023, con un crecimiento de 175 por ciento. En el gobierno anterior el presupuesto ejercido fue de aproximadamente siete millones de pesos.
