Zacatecas, Zac.- En un ejercicio democrático, plural y de apertura e inclusión social, convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó en Zacatecas el Foro de Consulta Ciudadana “Derechos, Interseccionalidad e Inclusión de las Personas con Discapacidad”, como parte de la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 del Gobierno de México.
Reunidos en el Palacio de Convenciones, en uno de los eventos que más participación ciudadana ha registrado, al reunir a más de mil personas de distintos sectores de todo México, con la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno y representante del Gobernador David Monreal Ávila, se llevaron a cabo mesas de trabajo para recabar las propuestas e inquietudes de las distintas organizaciones que representan a las personas con discapacidad en el país.
En presencia también de Miriam García Zamora, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de Zacatecas, Claudia Lilia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), agradeció por la convocatoria a este importante foro, en el que se reafirma el compromiso con los grupos históricamente discriminados, con especial énfasis, en esta ocasión, en las personas con discapacidad.
Ante órganos autónomos, autoridades municipales, estatales y federales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, celebró que se realice este tipo de encuentros como un diálogo abierto que invita a establecer la Presidenta Claudia Sheinbaum para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y, así, consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, con enfoque en millones de personas que viven con alguna discapacidad.
Claudia Lilia Morales Reza explicó que, debido a que persisten múltiples formas de discriminación hacia este sector, como sociedad, es nuestra responsabilidad asegurar la eliminación de las barreras para acceder a un desarrollo que les permita disfrutar de sus derechos y participar plenamente en la vida económica, laboral, social y cultural del país.
Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre discriminación de 2022, a nivel nacional, 27.3 por ciento de la población de 18 años y más manifestó ser discriminada, y uno de los motivos más frecuentes es por ser una persona con discapacidad, Asimismo, 33.8 por ciento de las personas con discapacidad de 12 años y más manifestó haber sido discriminada en el último año; 33.5 por ciento percibió que no se les respetan sus derechos y 30.7 por ciento declaró que le fue negado alguno de ellos. Por ello, afirmó que este foro permite que se recojan las inquietudes y las voces de quienes enfrentan día a día la discriminación.
Pedro David Ortega Fonseca, director general de Bienestar de Personas con Discapacidad y representante de la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, agradeció al Gobernador David Monreal y a todo su equipo de trabajo por la hospitalidad, así como por la presencia de organizaciones que representan a las personas con discapacidad por ser parte de este importante encuentro de intercambio de ideas y experiencias.
Ante Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, expresó que algo que ha distinguido al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es la participación, la inclusión y la apertura hacia todos los grupos sociales, y ésta es una tríada fundamental para fortalecer la democracia en el país.
“En este espacio de construcción, en todas las experiencias, ninguna propuesta es mínima, porque es la voz de cada una y cada uno de ustedes, y será la base que soporta el Plan Nacional del Desarrollo que pretende, en su contenido, reflejar el qué y cómo se deben atender las necesidades de todas las personas, independientemente de la condición, para que juntas y juntos fortalezcamos una política de inclusión”, expresó.
Pedro David Ortega Fonseca añadió que, durante muchos años, “las personas con discapacidad estuvimos acotadas en un modelo caritativo y rehabilitador, que nos excluía y desconocía nuestros derechos. Hoy, se construye una política pública que reconoce la diversidad, los derechos y las expresiones de todos los grupos de atención prioritaria”.
En este ejercicio inclusivo, expuso, convergen distintas instituciones federales, estatales y municipales, a través de la participación de representantes de distintas entidades federativas, como Yucatán, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Campeche, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, pero también se han recibido propuestas de otras partes de la República Mexicana.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, agradeció la anfitrionía del Gobernador David Monreal, a través del Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por dar las facilidades para concretar este ejercicio democrático, construido por la Presidenta Claudia Sheinbaum y por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaría de Gobernación, quien está muy al pendiente de los trabajos de este foro.
Mencionó que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, se tiene un enorme compromiso para que las condiciones de vida de las personas con discapacidad sean dignas y con todas las oportunidades que les corresponden, y lo que se discuta aquí, emanará, surgirá y servirá para redactar las políticas públicas que, como servidoras y servidores públicos, se impulsarán en los próximos cinco años.
Se pretende, añadió Arturo Medina Padilla, que el Plan Nacional de Desarrollo incorpore a las personas con discapacidad y el reto es que se logre articular la discusión en las mesas y que sus propuestas, necesidades y demandas queden plasmadas en cada uno de los documentos y las relatorías.
Remarcó que éste ha sido uno de los foros más concurridos, ya que se rebasó el número de boletas de registro, lo que significa que fue una convocatoria muy exitosa y que este tema es de gran relevancia para el país; por ello, implica redoblar los esfuerzos para atender las demandas y el compromiso de que este sector sea integrado en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Éste es un Gobierno que trabaja para servir al pueblo, un Gobierno de diálogo, de puertas abiertas, que protege y que promueve los derechos de todas las personas y, por supuesto, de las personas con discapacidad… Lejos quedaron los Planes de Desarrollo que se construían por pequeños grupos, de personas con posturas tecnocráticas y excluyentes, que nunca tomaban en cuenta las experiencias, los saberes ni las ideas de la gente”, expresó Medina Padilla.
Hoy, agregó, con la Cuarta Transformación, “cambiamos el paradigma y la forma de redactar los Planes de Desarrollo; ahora, la planeación es participativa, democrática y con enfoque de derechos, y por eso estamos aquí, para construirlo con ustedes, en un diálogo abierto y fructífero sobre los derechos, la interseccionalidad y la inclusión de las personas con discapacidad, con la finalidad de que México sea un país más justo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de todas y de todos”.
Desde el Gobierno, dijo Arturo Medina Padilla, “nuestra responsabilidad es y seguirá siendo fortalecer y ampliar las políticas públicas relacionadas con la discapacidad y asegurar el acceso pleno a los derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, la movilidad y la justicia. Nuestro primer paso es reconocer que la inclusión de las personas con discapacidad no sólo es un acto de justicia social, sino, más bien, un pilar esencial para el desarrollo sostenible que valore la diversidad como una fuente de innovación, progreso y de bienestar”.
Las personas con discapacidad, adujo, enfrentan desafíos multifacéticos derivados de su género, edad, origen y nivel socioeconómico, entre otros factores, y, para ello, se requieren políticas públicas que reflejen esta complejidad y que garanticen igualdad de oportunidades, acceso y respeto a la dignidad de cada persona.
Por ello, reconoció Medina Padilla, Claudia Sheinbaum, la primera Presidenta de México, otorgó 900 millones de pesos para la rehabilitación de personas menores de 18 años con discapacidad y ello se suma a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, programa al que se le destinarán 28 mil millones de pesos en 2025 y que se serán entregados de manera directa a las familias.
Ernesto Martín Rosas Barrientos, titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, quien tiene 46 años de experiencia al servicio de este sector, informó que esta organización integra más 100 asociaciones de 24 estados de la República Mexicana, por lo que celebró que se haga este tipo de ejercicios, que demuestran que sí se pueden hacer las cosas de manera unida y con la participación ciudadana a favor de objetivos comunes.
“Hoy, venimos con la mejor intención y con la disposición de tender puentes nuevamente con el sector público, en donde se abre la puerta para hacer énfasis, señalamientos y compartir experiencias sobre diversos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas con discapacidad y puedan plasmarse en el Plan Nacional de Desarrollo”, acotó.
Dijo que se confía en la materialización de las posturas en posteriores reglamentos, leyes y programas de políticas públicas, tomando en cuenta las experiencias y necesidades de las personas con discapacidad, sabedores de que este sector también es parte de la sociedad; “queremos hacer el presente, el futuro y, sin duda alguna, formar parte del progreso y del desarrollo del país”, expresó Ernesto Martín Rosas.
En este foro también estuvieron presentes Abraham Vázquez Piceno, coordinador de Asesoras y Asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Adilene Rosales Romero, delegada estatal de Programas para el Desarrollo; el Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes; activistas y representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales; legisladoras y legisladores locales y federales, así como de las Fiscalías Generales de Justicia del Estado y de la República; del Tribunal Superior de Justicia del Estado; autoridades del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras.
