Día: 13 de febrero de 2025

*Esta reforma no vulnera los derechos laborales y protege los recursos públicos, permitiendo que el municipio continúe brindando servicios esenciales a la población

San Raymundo Jalpan, Oax., .- Por mayoría parlamentaria la LXVI Legislatura local aprobó en sesión extraordinaria el decreto para reformar el artículo 40 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de establecer un límite máximo de 12 meses en el pago de salarios caídos en caso de despidos injustificados.

La promovente de esta iniciativa es la representante popular Vanessa Rubí Ojeda Mejía y el dictamen fue emitido por la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social del Poder Legislativo.

De acuerdo con lo especificado en el documento del órgano dictaminador, esta modificación está basada en los principios de seguridad jurídica y estabilidad laboral, evitando que los procesos se extiendan de manera indefinida, homologando los criterios con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en donde ya se contempla este aspecto.

Por lo que se garantizará que las y los trabajadores municipales de Oaxaca de Juárez tengan las mismas condiciones de indemnización que el resto de las personas empleados del país, además de que esta medida no afecta la posibilidad de reinstalación del trabajador o trabajadora en caso de despido injustificado.

Asimismo, la reforma a esta ordenanza no vulnera los derechos laborales, por el contrario, brinda seguridad jurídica a las y los asalariados al establecer el límite de indemnización, protege la estabilidad financiera del Ayuntamiento al evitar que se generen pasivos laborales excesivos derivados de litigios prolongados y fomenta una gestión más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

En tanto, los beneficios para el Sistema de Justicia Laboral también son significativos y en el sentido de que se contribuye a la armonización del derecho laboral en el estado y el país; ayuda a disminuir la carga de expedientes laborales prolongados en tribunales, se fomenta la certeza jurídica y estabilidad en las relaciones laborales.

Cabe resaltar que en el 2019 se ratificó este criterio en el nuevo Modelo de Justicia Laboral, promoviendo la resolución expedita de conflictos y la protección de los derechos de las empleadas y empleados.

San Raymundo Jalpan, Oax., .- Para reflexionar y abrir el debate con el propósito de enriquecer la legislación vigente en materia de violencia política en el estado y continuar robusteciendo las acciones para prevenir y erradicar este delito, principalmente, por razón de género, el Congreso de Oaxaca a través del Instituto Flores Magón (IFM) realizó el foro “Análisis del tipo penal de la violencia política en Oaxaca”.

Al dar la bienvenida, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, diputada Analy Peral Vivar, consideró relevante conocer cuántas denuncias, los casos judicializados y las sentencias condenatorias hechas a raíz de que fue tipificado penalmente este delito, ya que la violencia política se ha convertido en una constante, por ello las autoridades competentes tienen el deber de adoptar las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencias contra las mujeres.

Destacó que recientemente el Parlamento aprobó en sesión ordinaria el exhorto para que los 570 ayuntamientos de la entidad impulsen medidas y acciones a efecto de evitar actos de violencia política en razón de género en contra de mujeres que desempeñen algún cargo de elección popular, toda vez, que la presencia de éstas es tomada como un desafío y una invasión a los espacios de poder.

Por su parte, al dar su ponencia el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Iván García López, hizo la remembranza de cómo nació el tipo penal de violencia política en Oaxaca y que el estado fue uno de los primeros en tipificar esta conducta el 25 de febrero de 2016.

Asimismo, comentó que en el ámbito federal fue en el 2020 cuando se modifica la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) para adicionar la fracción XV al artículo 3 y el artículo 20-Bis, denominando al tipo penal Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género.

Refirió que se entiende por violencia política a toda acción u omisión realizada por sí o a través de terceros que cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias personas y/o de cualquier miembro de su familia, para restringir, suspender, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad.

En este sentido consideró importante armonizar el tipo penal local con lo dispuesto en la LGMDE en este aspecto e incorporar en ésta los diversos tipos de violencia establecidos en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (LEAMVLVG) y enviar la iniciativa -una vez aprobada- al Congreso de la Unión para lograr una armonización y evitar antinomias.

Durante su intervención, la representante popular Elisa Zepeda Lagunas, que encabeza el órgano legislativo de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, sostuvo que es en el Código Penal local donde existen deficiencias ya que solo se define el concepto de violencia política “pero no se define que ésta se encuentra enmarcada contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y es ahí donde se tendría que hacer el primer ajuste”, señaló.

Agregó que actualmente, a pesar de tener estas reformas sigue habiendo una ausencia de justicia para la población femenina que es objeto de este tipo de violencia.

“Nos preguntamos por qué no participan ampliamente, por qué hay un rezago, por qué numéricamente sí se alcanza la paridad, pero en el ejercicio de los hechos las mujeres siguen siendo tan restringidas, es porque de fondo hay un problema estructural insertado en la forma de pensar en su mayoría de los hombres, sigue sin comprenderse que el ámbito político debe estar representado en igualdad sustantiva”.

El investigador del IFM Adán Córdova Trujillo, agradeció a nombre de este instituto y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a las y los presentes su asistencia a este espacio de diálogo y análisis que fortalece el trabajo parlamentario.

Asistieron a esta actividad el funcionariado público del Poder Legislativo, las diputadas Vanessa Rubí Ojeda Mejía, Cecilia Olivia Cruz Merlín y Jimena Yamil Arroyo Juárez; también los diputados Iván Osael Quiroz Martínez e Isidro Ortega Silva; así como la regidora de Hacienda del municipio de Cuilápam de Guerrero, Ivón Martínez Reyes.