Reforzar la legislación que establece cumplir con la reparación inmediata y justa por perjuicios ambientales en comunidades indígenas y afromexicanas, es una propuesta en análisis al interior del Congreso de Oaxaca.
Mediante una iniciativa de reforma al Artículo 57 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, se pretende robustecer el marco jurídico vigente y así, el resarcimiento por agravios ecológicos sean enfocadas y dirigidas según las necesidades de los propios habitantes de una zona.
El texto propuesto establece que, en caso de que las autoridades federales o estatales competentes emitieran sanciones económicas para la reparación del daño ecológico, estas deberán de utilizarse en obras o acciones que lo mitiguen y que exijan los pueblos y comunidades.
De esta forma se atendería la constante preocupación de las poblaciones respecto a la preservación de sus recursos y espacios naturales, a fin de que sus tradiciones y culturas perduren, de acuerdo con precedentes jurídicos establecidos por la Corte interamericana de Derechos Humanos.
Sólo Oaxaca es considerado como el Estado con mayor biodiversidad del país, al contar con más de 12 mil 500 especies de flora y fauna. Además, cuenta con la mayor cantidad de población indígena -con 16 grupos étnicos y significativos núcleos de población negra o afromestiza-, (un millón 205 mil 886 personas).
El planteamiento legislativo considera casos como el registrado durante el año 2018, en el municipio de San José del Progreso, en el cual se reportó el derrame de jales secos provenientes del Proyecto San José, de la empresa minera Cuzcatlán o Fortuna Silver; pero a pesar de las denuncias e inspecciones el consorcio minero no reparó los daños ecológicos.
Esta propuesta legislativa fue impulsada por la diputada, Griselda Sosa Vásquez, fue remitida por la Mesa Directiva del Congreso local para su estudio a la Comisión correspondientes.
