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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán liberadas las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y en diez años no han sido sentenciadas.

También serán liberadas las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves, informó el jefe del Ejecutivo.

En conferencia de prensa matutina indicó que estas cuatro acciones formarán parte de un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación que él mismo firmará. Se presentará y publicará en la primera semana de agosto.

Detalló que se seguirá un procedimiento simplificado; la liberación de las personas tiene como fecha límite el 15 de septiembre de este año y la Secretaría de Salud se encargará de realizar los diagnósticos médicos correspondientes.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el poder judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

El mandatario refrendó que el Gobierno de la Cuarta Transformación rechaza la tortura, acto que calificó como contrario a los más elementales derechos humanos.

“Queremos dejar claro que, como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. (…) El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura, no queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta”, afirmó.

Recordó que en esta administración la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función: la protección de los derechos humanos y de la justicia, ya no la del autoritarismo y la represión al pueblo de México.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que en el país hay un total de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94 mil 547, el 43 por ciento, todavía no reciben sentencia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que dejar en libertad a cualquier persona que haya sido víctima de tortura y castigar a los torturadores es una nueva política que está impulsando el actual gobierno desde su inicio.

Consideró que “hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como la tortura y peor aún: en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”.

Oaxaca de Juárez, Oax.  El gobernador Alejandro Murat Hinojosa emitió este miércoles un tercer decreto con el cual se amplían las medidas urgentes y necesarias para proteger y garantizar la salud y la vida de las y los oaxaqueños, ante la pandemia del COVID-19.

Derivado de la actual Fase 3 que se vive en el país por el nuevo coronavirus, el Mandatario Estatal señaló que es imprescindible ampliar las medidas sanitarias, por lo que éstas tienen carácter general y obligatorio, para prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus. Ante lo cual, estableció en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo del Estado las siguientes acciones:

1.     Se establece como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19, el uso obligatorio de cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, para todas las personas que se encuentren en espacios públicos o que realizan actividades esenciales; por lo que deberán cumplir con las medidas sanitarias en su traslado o permanencia en dichos lugares, así como cuando utilicen el transporte público.

Asimismo, todas y todos los servidores públicos de la Administración Estatal y Municipal, deberán portar cubrebocas, mascarillas o cubierta facial, cuando se encuentren en funciones.

2.     El Gobierno del Estado y los municipios en la medida de lo posible, distribuirán cubrebocas  a las personas que por necesidad no permanezcan en sus hogares.

3.      En los establecimientos mercantiles en los que se realicen trámites o compras, sólo se permitirá el ingreso de una persona por familia, cumpliendo con la sana distancia.

4.     Las actividades no esenciales continuarán suspendidas, hasta en tanto dure la emergencia sanitaria y en los términos de las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias.

5.     A quienes incumplan lo dispuesto en este decreto, las autoridades estatales y municipales aplicarán en el ámbito de su competencia las sanciones administrativas que podrán ser: amonestación con apercibimiento, multa o arresto por 36 horas -sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas a un delito-.

6.     Las autoridades de Salud, Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil, deberán intensificar los operativos de proximidad a la población, con el propósito de informar y asistir a las personas, recordándoles que estas medidas son para proteger la salud y la vida; y no un periodo vacacional.

Por lo anterior, Murat Hinojosa reiteró el compromiso de su gobierno por preservar las vidas de las y los oaxaqueños. Pidió a las familias acatar estas nuevas disposiciones y continuar realizando las acciones preventivas como aislamiento, Sana Distancia, Quédate en Casa  y las referentes al lavado frecuente de manos con agua y jabón, el estornudo con la parte interna del codo y el uso de alcohol en gel.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Este viernes entró en vigor el segundo decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para ampliar las medidas que se han de tomar para mitigar la propagación del COVID-19 en la entidad.

De acuerdo con lo decretado, se suspenden las actividades no esenciales hasta el 30 de abril, y se establece el cierre de los siguientes espacios: hoteles y servicios de hospedaje para actividades turísticas, playas, restaurantes -los cuales podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio-, centros comerciales, plazas públicas, tianguis, días de plaza y concentraciones religiosas; así como suspensión de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas.

Como resultado de un acuerdo establecido con las cámaras correspondientes, también se suspenden las actividades industriales no esenciales.

Los únicos establecimientos que seguirán abiertos siguiendo estrictas medidas sanitarias son: farmacias, bancos, gasolineras y gaseras, sector salud, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, transporte público y de carga, expendios de productos de limpieza, servicios privados de emergencia, aeropuertos y terminales de autobuses.

En este documento el Gobierno del Estado también se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el abasto alimenticio, por lo que no debe presentarse un alza en sus precios que afecte la economía de las familias oaxaqueñas.

Con el apoyo de los elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), también se intensificarán las acciones de seguridad pública en todo el Estado mediante el Plan DN-III y el Plan Marina.

El decreto destaca que se aplicará todo el peso de la ley a quienes cometan delitos que atenten contra la seguridad de la población.

El Gobierno del Estado exhorta a la población a respetar las medidas de prevención anunciadas y a quedarse en sus casas

Este segundo decreto emitido por el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado tiene la finalidad de evitar en lo posible la propagación del COVID-19, así como mitigar el impacto económico que las acciones para combatir la pandemia traigan consigo. Estará vigente en tanto dure la emergencia sanitaria y en términos de las disposiciones que expidan las autoridades sanitarias.

Cabe destacar que estas acciones atienden la declaratoria de Emergencia Sanitaria que a nivel nacional emitió el Consejo de Salubridad General (CSG).

Esta disposición, respetuosa de los Derechos Humanos de las y los oaxaqueños, es con fundamento en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, de la Ley General de Salud; 66, 79 fracción XXVIII, 80 fracciones II y XIII, y 84 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como el artículo 1, de la Ley Estatal de Salud.