San Raymundo Jalpan, Oax. .- Para combatir el hambre, disminuir la malnutrición y reducir los trastornos alimenticios, el Congreso de Oaxaca analiza la propuesta de crear la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, Nutritiva y de Calidad para el Estado.
La iniciativa plantea que el Estado, a través de los gobiernos estatal y municipal, cumpla con sus obligaciones de garantizar una correcta alimentación a la población oaxaqueña, principalmente en los niños, niñas, adolescentes y mujeres en etapas de gestación y lactancia.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá establecer un Programa Estatal para el Derecho a la Alimentación Adecuada, Nutritiva y de Calidad, así como desarrollar las acciones para informar, prevenir y atender la problemática del hambre y malnutrición. Además de establecer comedores en los centros de educación pública básica y facilitar a la ciudadanía el acceso económico a alimentos, entre otras labores.
En el año 2018, Oaxaca ocupó el cuarto lugar dentro de los estados con mayor tasa de mortalidad por desnutrición de menores de cinco años de edad, al ser ésta de 5.2 por cada 100 mil niños; y el primer lugar en mortalidad por desnutrición en adultos mayores de 65 años en adelante, al registrar 178 fallecimientos por cada 100 mil personas de este grupo de edad, de acuerdo con datos del Diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De allí la importancia de combatir el hambre y la malnutrición, ya que la buena alimentación es fundamental para el desarrollo y la salud de las y los oaxaqueños, a fin de evitar enfermedades, e incluso la muerte por desnutrición. Por lo cual, el Parlamento oaxaqueño busca que en Oaxaca se cuente con una ley en materia de derecho a la alimentación, con el propósito de contribuir al ejercicio pleno de éste, al establecimiento de mecanismos institucionales y de recursos para que sea una realidad el acceso a alimentarse y lo sea sanamente.
Esta propuesta de ley es del legislador Horacio Sosa Villavicencio, integrante del grupo parlamentario de Morena, y actualmente la iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
