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Fue aprobada en la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales del Congreso Local, la reforma para facultar al Poder Legislativo, la selección y nombramiento de los titulares de Órganos de Control Interno de los Órganos Autónomos locales.

La reforma a la Fracción 75 del Artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se refiere a la facultad, a través de las dos terceras partes de los miembros de la Diputación Local, a designar a las y los contralores de los seis órganos autónomos reconocidos en la Constitución de la entidad, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.

La iniciativa, promovida por la diputada María de Jesús Mendoza, indica que esta modificación reforzará el estado de derecho. Además, fortalecerá la administración pública, designando a personas que se comprometan a ejercer su cargo, apegado a los principios del  Sistema Estatal de Combate a la  Corrupción.

Los órganos reconocidos del estado son: Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Así como: Tribunal del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana Oaxaca y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

La Comisión permanente de Estudios Constitucionales, es presidida por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, e integrada por las diputadas Maritza Escarlet Vásquez Guerra, Elena Cuevas Hernández y los diputados Fabrizio Emir Díaz Alcázar y Noé Doroteo Castillejos.

Demanda al Gobierno Estatal integrar a comunidades indígenas y afromexicanas al plan emergente de incentivos.

También, solicita garantizar servicios de transporte seguro y acceso a telecomunicaciones para recibir educación a distancia en las comunidades.

El Congreso Local solicitó, de manera urgente, a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para que den a conocer las acciones de información y difusión dirigidas hacia los pueblos indígenas de la entidad, en sus respectivas lenguas maternas, con el fin de aminorar la transmisión del virus en estas poblaciones, una vez declarada la fase 3 de la pandemia.

Al sesionar de manera virtual, también convocó al Gobierno del Estado, a no excluir a las comunidades indígenas y afromexicanas, de los programas emergentes y de incentivos que se activarán por parte de las diferentes dependencias, pues este sector de la población resentirá con mucha fuerza las consecuencias económicas de la crisis.

La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano, requirió un informe que especifique en qué lenguas maternas se ha traducido la información, relativa a la emergencia sanitaria por COVID-19, y cuántas comunidades indígenas se encuentran debidamente informadas.

Lo anterior, en virtud de que, el Gobierno de México, a través de la Doctora Gisela Lara Saldaña, Titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, dio a conocer el pasado día 15 que se ha dado información a nivel nacional en 26 lenguas originarias sobre COVID-19.

De lo anterior, surgió la preocupación de los y las diputadas que integran dicha comisión legislativa, ya que en México existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes, de las cuales, 15 lenguas maternas con 176 variantes se hablan en el estado de Oaxaca.

Igualmente, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano de la 64 Legislatura, solicitó a la autoridad sanitaria información respecto de los recursos federales y estatales que ha ejercido, los que están autorizados, y los pendientes. También, sobre los recursos adicionales federales y estatales que se requieran para contener el COVID-19 en las comunidades indígenas y afromexicanas.

De igual forma, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo local, a desarrollar acciones coordinadas con el Poder Legislativo, para reformular el Presupuesto de Egresos 2020 del Estado, reorientando recursos de programas estatales no esenciales para destinarlos a la atención de la contingencia sanitaria.

En sesión virtual con la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Eufrosina Cruz Mendoza, también, pidieron que el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica del Estado de Oaxaca, incorpore incentivos y apoyos específicos para atender las necesidades de la población indígena y afromexicana, en particular. En cuanto a seguridad alimentaria, debe garantizarse el suministro de víveres y abarrotes a la población más vulnerable.

Asimismo, recomendaron reforzar la seguridad sanitaria, proporcionando insumos y materiales, así como personal médico en los centros y casas de salud existentes en las localidades donde habitan. Igualmente, a encontrar mecanismos para ofrecerles transporte seguro.

En cuanto a la educación, debido al distanciamiento social, la comisión legislativa encomendó al gobierno estatal, garantizar la infraestructura y servicios de telecomunicación, para que los niños y niñas en educación básica, en las comunidades alejadas, puedan continuar su educación a distancia, como lo determinó la SEP.

Finalmente, solicitaron que, tanto los pueblos indígenas como el afromexicano, reciban atención institucional permanente, coadyuvando el gobierno con las instancias federal y municipales para que reciban a tiempo, y de manera suficiente, toda la información oficial y las medidas de orientación respecto a las instrucciones que se dictan día con día durante la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria Nacional, la de mayor letalidad y riesgo.

El llamado, se da en el marco del inicio de la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, decretada por el Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, la maña de este martes 21 de abril, durante la Conferencia matutina ofrecida por el gobierno de la república.

Los integrantes de la Comisión permanente son las diputadas Gloria Sánchez López, Laura Estrada Mauro, María Lilia Arcelia Mendoza, Saúl, Cruz Jiménez y Emilio Joaquín García Aguilar.

Se propone que gobierno y municipios reconozcan y apoyen la agricultura familiar: Juana Aguilar Espinoza

Derivado de la contingencia sanitaria por el Coronavirus, el Congreso Local continúa con el análisis de la propuesta para reconocer a la agricultura familiar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como una actividad que representa una forma para potencializar la economía de las familias en las áreas rurales.

La diputada Juana Aguilar Espinoza, dijo que ante la disminución de la actividad comercial por las actuales medidas sanitarias, se revela la importancia de la autosuficiencia alimentaria como pilar de la economía familiar desde las comunidades rurales.

“El surgimiento del COVID-19 debe replantearnos la necesidad estratégica y urgente de fortalecer la base de la economía, y esa base está en el campo oaxaqueño. Es de suma relevancia fortalecer el campo, a los pequeños productores y la agricultura familiar debe ser el punto de inicio”, recalcó.

El planteamiento, actualmente en estudio, permitirá que la agricultura familiar sea respaldada por programas y políticas públicas, ya que considera que dicha actividad, constituye una fuente de abastecimiento de alimentos básicos, que permite lograr la seguridad alimentaria y nutricional en la entidad, y de esta manera, las familias pueden resultar menos afectadas por eventuales crisis de alimentos.

La legisladora explicó que las consecuencias derivadas del Coronavirus, son una muestra de la dependencia de todas las actividades económicas entre sí, por lo tanto, es necesario fortalecer desde las bases la economía estatal y su origen está indudablemente en el campo.

Otros beneficios de la agricultura familiar, es su entrelazamiento en el manejo sostenible de los recursos naturales, ya que en su mayoría, desarrolla y aplica prácticas agrícolas sostenibles, tales como el manejo integrado de plagas, manejo de suelos, agua, biocompostaje y producción artesanal de semillas, las cuales, permiten conservar y regenerar la biodiversidad, así como la generación de sistemas resistentes a cambios del clima y energéticamente eficientes.

Aguilar Espinoza detalló que en la iniciativa, presentada en la sesión del 19 de febrero, se plantea que, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se instruya al Gobierno del Estado y los Municipios, a respetar, reconocer y atender de manera prioritaria a la agricultura familiar, incluyendo de manera preferencial a los productores en las acciones, políticas y programas de desarrollo rural.

“La contingencia sanitaria nos llama a reflexionar, con responsabilidad, el valor estratégico del campo y la actividad agrícola familiar como una base fundamental, para que los productores del campo cubran sus necesidades básicas y tengan un marco de apoyo suficiente, para que la producción del agro no se detenga en beneficio del resto de la población”, concluyó la legisladora.