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Cumpliendo con la responsabilidad universitaria en términos de transparencia y rendición de cuentas, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de la Secretaría de Finanzas (SF) y la Oficina del Abogado General (OAG), rindió un informe detallado del estado que guarda la institución en términos financieros, administrativos y laborales.

Lo anterior, en una reunión encabezada por el Rector de esta Casa de Estudios, Eduardo Bautista Martínez, la Secretaria de Finanzas, Verónica Jiménez Ochoa y el Abogado General, Héctor López Sánchez, con la presencia de titulares de las Secretarías y Direcciones de Unidades Académicas.

Durante este encuentro se dio a conocer que, para cumplir con las obligaciones laborales de la plantilla de trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos, durante los últimos cinco años, la Universidad ha emprendido acciones de saneamiento administrativo y austeridad, las cuales han permitido reducir gastos de operación hasta en un 80 por ciento.

Al respecto, la SF de esta Casa de Estudios, informó que desde 2016 se han implementado acciones de saneamiento financiero comprometidas con los Gobiernos Federal y Estatal y con el aval del H. Consejo Universitario.  Esto ha permitido la reasignación de los ahorros hacia el pago de sueldos y prestaciones de la planta laboral, quedando pendiente la atención de algunos pasivos de nómina que proceden de años atrás.

Cabe hacer mención que durante la presente administración la matrícula ha aumentado un 23%, mientras que el Subsidio Público Ordinario lo hizo tan solo en un 8%, según el reporte técnico más reciente de la SEP-ANUIES-AMOCVIES. En términos porcentuales la matricula creció al triple, lo que dio como resultado la disminución del presupuesto anual por alumno de 47 mil a 41, 396 pesos en cinco años.

Derivado de esto, la institución ha realizado ajustes administrativos que coadyuvan de alguna manera a la viabilidad financiera. Y en este sentido, se considera la continuidad de la contención de plazas, las limitantes para el incremento de prestaciones no contempladas en el modelo de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público (SEP-SHCP), así también las restricciones para generar nuevas prestaciones y como un asunto relevante, la continuidad de la gestión para actualizar el tema de pensiones y jubilaciones, puesto que rebasa ya el 30% del pago de nómina.

En lo que se refiere a temas laborales, la institución enfrenta demandas por expedientes en ejecución que corresponden principalmente a reconocimientos de antigüedad y diferencias salariales reclamadas por personal administrativo y en menor medida por despidos y restitución de cargas horarias, entre otras.

En relación a ello, se tiene el registro de 644 expedientes activos, 390 laborales y 30 en ejecución, estos últimos corresponden a reinstalaciones de personal y pagos de prestaciones y diferencias salariales derivadas de las mismas, situación que genera presiones de carácter financiero. Por lo que se convocó a las autoridades de las Unidades Académicas, a coadyuvar en la política de contención.

De esta manera el ejercicio presupuestal se ha realizado en el marco de la normatividad aplicable, cumpliendo los requerimientos de fiscalización de 40 auditorías atendidas en este periodo, con el ánimo de mostrar transparencia y rendición de cuentas.